29 marzo, 2024

Primicias de la política, empresariales y de la farandula

Liberalismo e inequidad

Jose Hilario Lopez

Por José Hilario López  

A finales del año antepasado The Boston Review divulgó un interesante estudio de Katrina Forrester titulado ¿“Tiene futuro la filosofía política”? (/http://bostonreview.net/philosophy-religion/katrina-forrester-future-political-philosophy). El estudio de Forrester me incita a reflexionar sobre la suerte del liberalismo, ahora cuando se cumplen 50 años de la publicación de “La Teoría de la Justicia” la clásica obra del filósofo norteamericano John Rawls, considerado el texto básico de la socialdemocracia, sistema político que surgió en Europa y en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, como una reacción contra la amenaza del comunismo soviético. 

El acelerado deterioro de los ecosistemas por el Cambio Global, la crisis generada por la pandemia del Coronavirus, la captura de las instituciones y hasta del mismo Estado por el gran capital y la corrupción están mostrando la limitada capacidad del capitalismo para resolver los graves problemas que amenazan las democracias liberales y la misma permanencia de la vida en el planeta. Esto ha dado lugar a que muchos economistas estén empeñados en reevaluar el conflicto que generan los grandes desequilibrios en la distribución de los ingresos y de la riqueza, mientras que  los científicos políticos se han quedado casi exclusivamente en el debate sobre los problemas de la democracia, principalmente  el autoritarismo y el populismo, lo cual es bien notorio en los filósofos políticos angloamericanos, cuya ideología ha estado influenciada por el igualitarismo liberal de John Rawls.

El profesor Francisco Cortés del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, en su reciente columna de el Periódico El Colombiano, titulada “John Rawls y la búsqueda de la justicia”, destaca como Rawls orientó su trabajo hacia la estructuración de una política social y económica, comprometida con la idea de justicia social. Además de las libertades que pregona el liberalismo clásico – libertad de conciencia, de pensamiento y de expresión, la libertad política, la libertad respecto al arresto y detención arbitrarios y el derecho a la propiedad privada – la justicia rawlsiana introduce el principio de la justicia social, el cual conlleva la distribución equitativa de los bienes básicos y de los ingresos, que contribuya al bienestar de los menos favorecidos. La justicia social, en esencia, propende por la reducción de la desigualdad en la distribución de los ingresos y de la riqueza, así como por el derecho a acceder a las oportunidades de mejoramiento en la calidad de vida que dispone el sistema, sin distingos de clase, derecho que parecen desconocer los filósofos políticos y los mismos políticos profesionales. Mírese no más el caso colombiano, uno de los países más inequitativos de América Latina, y el mutis por el foro de la dirigencia política ante la grave crisis social y humanitaria que golpea a los estratos medios y bajos de la población que viene deteriorándose desde la caída de los precios del petróleo y del carbón en 2014, ahora agudizada por el Coronavirus. Es así como se mantiene un sistema fiscal regresivo que ahonda la grieta de la desigualdad hasta ponernos en la cola de los países de  la OCDE, a lo que se agrega que los ingresos del fisco nacional en su mayor parte dependen de impuestos directos como el IVA, que gravan por igual a los pobres y a los ricos, mientras que estos últimos pagan pocos impuestos sobre la riqueza y las herencias, a lo que se suman los grandes beneficios tributarios que disfrutan las grandes empresas: Una sociedad totalmente injusta, diríaRawls (https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/john-rawls-y-la-busqueda-de-la-justicia-NK14690184). 

En respuesta a mi preocupación por la vigencia de la Teoría de la Justicia de Rawls en la era del neoliberalismo, surgido a la caída del Muro de Berlín, en comunicación personal el profesor Cortés me responde: “Efectivamente un liberalismo a lo Rawls es insuficiente para dar cuenta de los nuevos problemas y situaciones que hoy tenemos. Debe ser algo que vaya más allá del liberalismo, no solamente en relación con los asuntos internos de un país sino también en el contexto internacional”.  

Para concluir con Rawls, quedémonos con una de sus sentencias en la que afirma que no debe tolerarse ninguna diferencia en la riqueza y ni en la distribución de los bienes sociales, a menos que estas diferencias sean organizadas de tal manera que resulten beneficiosas para los más pobres. El deber de asistir a los pobres no es un asunto de caridad, es un deber de justicia cuyos beneficios podría exigir el pobre como derecho. Y para nuestro caso colombiano en alto riesgo de caer en regímenes populistas, que ya campean en nuestro vecindario, sin que la clase dirigente se haya dado por  notificada, insistamos en la urgencia de establecer una renta básica para los estratos 1 y 2, así como en la inaplazable reforma pensional que garantice un ingreso básico a la población mayor más vulnerable y suprima los subsidios estatales a las grandes pensiones, en suma un capitalismo social al estilo de lo que fue la socialdemocracia de mediados del siglo pasado y que todavía sobrevive en algunos países del norte de Europa. 

Que el actual Gobierno Nacional no se ha dado por notificada de las amenazas populistas que amenazan nuestra frágil democracia, lo ratifica una reciente investigación adelantada por la periodista Paola Herrera. La investigación de la periodista Herrera revela la lista de las empresas colombianas que durante la actual pandemia recibieron ayuda del Gobierno Nacional mediante el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), la cual consistió en un subsidio entregado a los empleadores entre los meses de mayo y diciembre del año pasado para el pago de las respectivas nóminas. Según la referida investigación, los grandes beneficiados del PAEF fueron las empresas propiedad de los grandes grupos económicos, que recibieron cerca del 80 % de los dineros entregados por el Estado, cuando apenas el 9 % quedó en manos de las pequeñas empresas. Los más ricos se cargaron 2,6 billones de pesos en auxilios gubernamentales. Según el DANE, a finales del 2019 las MiPymes representan más del 90% del sector productivo nacional, generan el 35% del PIB y el 80% del empleo. Con políticas como estas el Gobierno Nacional, ni más ni menos, está propiciando el incremento de la inequidad y llevando a la quiebra de los pequeños y medianos empresarios para beneficiar a los más poderosos, a los que todo lo tienen. Con razón los altos niveles de desempleo dados a conocer la pasada semana por el DANE, según nos los recuerda el profesor Ramón Elejalde en su columna del pasado 28 de febrero, publicada en El Reverbero de Juan Paz. 

Una socialdemocracia reformada, sería la fórmula para tratar de salvar la democracia liberal y el mismo sistema capitalista de la catástrofe que vemos venir, el fantasma del populismo que recorre América Latina, es nuestra respuesta al serio interrogante de Katrina Forrester en su luminoso estudio del Boston Review.