Le cae todo el peso de la Procuraduría a Juan Pablo Ramírez, exfuncionario de Quintero

@QuinteroCalle

Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad de 14 años al exsecretario de Inclusión Social de Medellín, Juan Pablo Ramírez

• El fallo incluyó destitución e inhabilidad por 12 años a los entonces subsecretarios de Grupos Poblacionales, Juan Daniel Pulgarín Correa, y de Gestión de Bienes de la Secretaría de Suministros y Servicios, Fredy Alfonso Agudelo Bolívar.
• La Entidad resaltó que el entonces secretario de Inclusión Social instó a los funcionarios de la alcaldía a aportar dinero, que osciló entre los $ 300 mil y el millón de pesos, a una corporación sin ánimo de lucro para financiar un movimiento político.

Bogotá, D. C., 19 de mayo de 2025 (@PGN_COL). En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 14 años al exsecretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, Juan Pablo Ramírez Álvarez (2021 – 2022), al encontrar probada la utilización de su cargo para ejercer presión sobre sus subalternos para respaldar una causa política como lo es la continuidad y futuro del movimiento Independientes.

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 también sancionó con 12 años de suspensión e inhabilidad a los entonces subsecretarios de Grupos Poblacionales, Juan Daniel Pulgarín Correa (2021 – 2021), y de Gestión de Bienes de la Secretaría de Suministros y Servicios, Fredy Alfonso Agudelo Bolívar (2021).

El Ente de control confirmó que el entonces secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos organizó una reunión el 8 de agosto de 2021, que fue utilizada para promocionar y respaldar la causa del movimiento político Independientes mediante la presentación de la Corporación ‘El futuro se parece a nosotros’, lema empleado en el contexto del movimiento político de Daniel Quintero.

En dicho encuentro se pidió a los servidores públicos presentes un aporte en dinero, que osciló entre los $ 300 mil y el millón de pesos, el cual justificaron como membresía para pertenecer a la citada corporación.  Se estableció que, en efecto, posterior a la reunión, varios asistentes a esta, funcionarios de la alcaldía hicieron consignaciones a la Corporación.  

Cabe anotar que para la fecha en que se desarrolló la actividad, se encontraba vigente el calendario electoral para las elecciones presidenciales para el periodo constitucional 2022-2026, circunstancias que configura una intervención en política.  

De acuerdo con el Ministerio Público, Ramírez Álvarez se valió de su mando y el rol que tenía en la alcaldía para ejercer una fuerza“orientada a conseguir de los servidores asistentes no solo la atención, sino a determinar su comportamiento hacia un sentido: realizar aportes económicos a la Corporación o Fundación El futuro se parece a nosotros”, con lo cual se garantizaba la continuidad del citado movimiento del cual formaba parte el entonces alcalde distrital.

Con el comportamiento señalado el servidor vulneró sus deberes funcionales, pues el propósito de su cargo y sus funciones no contemplaban impulsar organizaciones de carácter particular, ni su presentación y promoción, como tampoco fomentar el aporte de dinero por parte de servidores públicos, menos aun de sus subalternos, para el financiamiento de sus actividades.

En el caso de Pulgarín Correa el Ministerio Público estableció que el 9 de agosto de 2021 requirió a la servidora María del Pilar Rodríguez información sobre el pago del aporte económico, por $ 800 mil que le correspondía entregar para apoyar el financiamiento de actividades de la citada corporación. 

El Ministerio Público advirtió que la entonces funcionaria habría tenido que presentar su renuncia como directora técnica de la subsecretaria de Grupos Poblacionales “al sentir que la negativa a dar el aporte le generó una condición difícil para continuar en su cargo».  

Respecto de la conducta de Agudelo Bolívar, la Procuraduría determinó que ejerció las potestades que su empleo o función le puso a disposición o facilitó la casa o inmueble ubicado en el barrio El Poblado de Medellín para que se realizara la reunión del 8 de agosto, convocada por el secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, encuentro al que asistieron  funcionarios de esta dependencia y de la Secretaría de Participación Ciudadana a quienes se les recogió su aparato celular  y se dispuso una caja transparente  para depositarlos.

El ente disciplinario consideró que el hecho de haber recogido los celulares, o haber dispuesto una caja transparente para depositarlos, o el solo hecho de sugerir a los asistentes que los dejaran en determinado lugar, “no fue una medida justificable, en razón al cargo público que ejercía, toda vez que dicha acción desbordó sus funciones (…)”. 

La Procuraduría calificó la actuación de Ramírez Álvarez, de Pulgarín Correa y Agudelo Bolívar como falta disciplinaria gravísima, cometida en todos los casos a título de dolo, y advirtió que contra la presente decisión procede el recurso de apelación, ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.

De otra parte, se ordenó la expedición de copia del fallo primera instancia para la Fiscalía General de la Nación, seccional Medellín, para que se investigue la posible comisión del delito de falso testimonio en contra de la señora Melissa Peláez, representante legal de la aludida corporación, quien en declaración rendida ante la Procuraduría, bajo la gravedad de juramento, pretendió evadir su asistencia a la reunión del 8 de agosto de 2021, lo que pudo interferir en la actuación disciplinaria.     

También se expedirá copia del fallo a la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Medellín para que, como vigilante de las entidades sin ánimo de lucro de su circunscripción territorial, realice la investigación correspondiente sobre la existencia o liquidación de esta entidad, y lo relacionado con la representante legal, pues en la reunión del 8 de agosto figuraba otra persona diferente a la que legalmente se encontraba acreditada.