Las Ex-FARC mafia tienen en llamas el norte del Cauca en Colombia

Escrito por Lara Loaiza

InSight Crime

Cristina Bautista, gobernadora del resguardo indígeno de Tacueyó en Cauca, fue asesinada con otras cuatro personas el 29 de octubre

Una nueva masacre contra autoridades indígenas en el departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia, vuelve a llamar la atención sobre la lucha que mantienen las Ex-FARC mafia por controlar las rentas ilegales en la zona.

El 29 de octubre, hombres de la Columna Móvil Dagoberto Ramos de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Ex-FARC mafia) arremetieron contra 10 miembros de la guardia indígena del resguardo de Tacueyó, encargados de la protección de los resguardos, en el municipio de Toribío, Cauca. En el hecho murieron cinco personas.

De acuerdo con testigos del suceso, los disidentes atacaron también a las ambulancias y comuneros que llegaron a socorrer a las víctimas, entre las cuales se encontraba la gobernadora del resguardo de Tacueyó, Cristina Bautista. (foto).

Menos de dos días después, en el municipio de Corinto, Cauca, miembros de la comunidad descubrieron otras cuatro personas muertas producto de una nueva masacre. Las víctimas eran miembros de un equipo de ingenieros y topógrafos que realizaban trabajo de reconocimiento en la zona.

Ante el malestar nacional que generaron ambos hechos, el presidente Iván Duque anunció que reforzará el pie de fuerza en la zona con 2.500 miembros de la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA 4 del Ejército, que llegarán al departamento para sumarse a los más de 8.000 efectivos que ya se encuentran en el territorio.

Sin embargo, varios líderes indígenas han rechazado las medidas de militarización de Duque, por considerar que sin cambios estructurales no se verá una reducción en la violencia que sufre el departamento.

Análisis de InSight Crime

La lucha por el control de las rentas del narcotráfico tiene enfrentados a las disidencias de las FARC con las autoridades indígenas y la Fuerza Pública en la región, lo que ha desatado una ola de violencia sobre el departamento del Cauca.

La Columna Móvil Dagoberto Ramos, responsable de la masacre del 29 de octubre es una disidencia del Frente 6 de las FARC que por años estuvo presente en el norte del Cauca.

Actualmente esta columna opera en los municipios de Caloto, Corinto, Santander de Quilichao y Toribío en el Cauca y también mantiene presencia en los departamentos de Huila y Tolima, dos pasos estratégicos que conectan la costa pacífica caucana con el centro del país.

Según la Fiscalía, la masacre de Tacueyó fue ordenada por Gerardo Ignacio Herrera, alias “Barbas”, quien junto con Fernando Israel Méndez Quitumbo, alias “El Indio”, lideran este grupo y están en el cartel de los más buscados del departamento.

Esta disidencia mantiene también un acuerdo con Leider Johani Noscue, alias “Mayimbú”, líder de la Columna Móvil Jaime Martínez —otra disidencia del Frente 6 que opera en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca— para asegurar el control del territorio y el narcotráfico en la zona.

Los hechos de violencia que se han registrado contra la población indígena del departamento están relacionados con la decisión de la guardia indígena en la región de enfrentar precisamente a estos dos grupos disidentes que ocupan sus tierras evitando que cultiven droga en sus territorios ancestrales e incluso destruyendo cargamentos de marihuana y cocaína que les pertenecen.

Con el propósito de detener estas acciones criminales, la comunidad indígena ha colaborado tanto con la Fuerza Pública como con la Fiscalía para incautar cargamentos de droga, capturar a varios miembros de las disidencias y restringir el cultivo de hoja de coca en la región.

Frente a las incautaciones, en conversación con la revista Semana, Eduar Dagua Calix, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, afirmó que las autoridades de cada resguardo intentan desde hace tiempo detener la entrada y salida de materiales ilícitos en la región, muchas veces en colaboración con la Fuerza Pública.

Con respecto a las capturas, en julio miembros de Ejército detuvieron con ayuda de la comunidad a alias Barbas y El Indio en el corregimiento de El Palo, zona rural del municipio de Caloto. En ese momento, la guardia indígena reclamó a los criminales para aplicarles la Justicia Especial por estar implicados en varios casos de violencia contra su población. Sin embargo, aún no es claro que ocurrió con este proceso y por qué ambos continúan en libertad.

Como parte de una estrategia amplia contra los cultivos de coca y marihuana, la Fiscalía General ordenó en junio cortes de energía en cuatro municipios de Cauca —Miranda, Corinto, Toribío y Caloto— donde se sabía que había laboratorios de procesamiento de drogas y sembrados de marihuana. Los cortes de energía contaron con la anuencia de los líderes de las comunidades, incluidos los alcaldes y gobernadores indígenas.

Las ganancias que genera el cultivo y comercio de marihuana tipo “creepy” en los municipios de Miranda, Corinto y Toribío conocidos como el “Triángulo de Oro” del Cauca, al igual que el control sobre la ruta del río Naya que conecta la cordillera central con la costa pacífica colombiana, son el principal motor de  la situación de violencia que lideran las disidencias en la zona.