@petrogustavo
El ministro de la Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, hizo público un documento en el cual explica los motivos que lo llevaron a decretar un aumento de tan solo 5,3% en la UPC, lo que les paga el gobierno a las EPS por cada paciente.
En el análisis del Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que se conoció el domingo 5 de enero, se revela lo que serían supuestas graves irregularidades en los datos reportados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), lo que causó polémica en torno al aumento del 5,3% en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025.
Según el documento, el incremento de la UPC se basó en la inflación y en inconsistencias detectadas en los datos proporcionados por las EPS. Entre las irregularidades, se destacó un aumento desproporcionado en la frecuencia de ciertos servicios médicos.
La Procuraduría indica que la sostenibilidad financiera del sistema de salud se verá afectada al disminuirle recursos del aseguramiento, lo cual afecta la adecuada prestación de los servicios – crédito Procuraduría General de la Nación
Por ejemplo, la atención domiciliaria registró un incremento del 97% entre 2022 y 2023. Otros servicios como radiología y laboratorio clínico crecieron un 79,7 % y 77,9 %, respectivamente. También se evidenciaron aumentos en urgencias (51,1%), hospitalización (39,3%) y cirugía general (24,4%) en el mismo periodo.
El análisis resalta que estos incrementos no coinciden con la capacidad instalada del sistema. Según datos del Registro de Talento Humano en Salud (Rethus), el número de médicos generales creció apenas un 3,1%, mientras que los consultorios de medicina general aumentaron un 3,6%. Estas diferencias han dado pie a diferentes cuestionamientos sobre la veracidad de los datos reportados por las EPS.
Además, en el citado documento, se identificaron 23.410 casos de atenciones médicas registradas a personas que, según la Base de Datos Única de Afiliados (Bdua), estaban fallecidas, con un costo total de 79.838 millones de pesos.
También se detectó que el 3 % de los medicamentos reportados no contaban con un registro sanitario válido y que el 23 % no estaban asociados con compras documentadas en el Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED).
Estas anomalías representaron un gasto superior a los 119.000 millones de pesos. (Con datos de Infobae).
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