11 Julio, 2020

Primicias de la política, empresariales y de la farándula

Las aventuras contractuales de registrador nacional

Por Guillermo Mejía Mejía

Por insinuación del presidente de la República y de los “tres mosqueteros”, fiscal, procurador y contralor, luego de las denuncias de la cadena Caracol sobre un proceso de contratación, por valor de 119.000 millones de pesos, cuyo objeto era la adquisición de todo el material logístico para las elecciones en donde se escogerían los representantes a los consejos municipales y locales de juventud, el registrador nacional anunció que estos comicios y por ende la contratación del material electoral, se aplazaban para el año 2.021.

Ahora el señor Registrador anuncia nuevamente otro proceso contractual para cambiar la actual cédula de ciudadanía, amarilla con hologramas, que es el único documento de identidad válido en Colombia desde el 1° de enero de 2.010. La anterior cédula, la blanca laminada, tuvo una vigencia de 58 años.

Si nos remitimos a los comunicados de la Registraduría Nacional del 2.010, año en que comenzó a regir la cédula única en el formato actual, este es un documento serio, difícil de falsificar, y notoriamente más seguro que los anteriores modelos, la de 1.952 y la intermedia llamada café plastificada.

Según lo afirman los medios de comunicación, la decisión de aplazar las elecciones de los representantes juveniles a los consejos municipales de la juventud se fundamentó en dos razones: la primera, en la dificultad de realizar unas elecciones nacionales en medio de una pandemia mundial y la segunda, la prioridad que se le debe dar a los recursos públicos nacionales para atender los efectos de esta en cuanto a la atención en salud y la ayuda a las  empresas y  personas que han sufrido las consecuencias generadas por la cuarentena.

El Registrador no dice cuánto vale el contrato para cambiarle la cédula a todos los ciudadanos que ya tienen el documento, pero una buena pista nos la da el censo electoral que es el registro de los que pueden votar. Para las elecciones de octubre de 2.019, la Registraduría dio el dato a 27 de septiembre de ese año y fue de 36.602.752 ciudadanos. Si cada cédula nueva tiene un valor de 44.400, según lo anunció el mismo Registrador, podemos acercarnos un poco al valor del contrato y este rondaría la estrambótica suma cercana a 1 billón 600.000 millones de pesos.

Lo primero que hay que preguntar, es si los recursos para cambiar la cédula de ciudadanía ya están incorporados en el presupuesto de la Registraduría Nacional y si puede expedir el CDP correspondiente para abrir la licitación internacional, en pliego único, cuyo formato ya lo tiene el Cecop.

En cuanto a los recursos para semejante inversión, basta mirar la ley 2008 de 2.019, que es el presupuesto nacional, y ver la sección 2802 que corresponde al fondo de la registraduría para observar que para el año 2.020, esta entidad cuenta con una cifra de 2.815´309.472 de pesos que la debe repartir entre los procesos democráticos para elecciones atípicas y los gastos de identificación de la población o sea la cédula, una suma muy inferior a lo que costaría este contrato.

La elaboración de la cédula actual le fue adjudicada en diciembre de 2.005 a la firma Sagen por un valor de $ 366.515´160.231, pero ese proceso se sometió antes al Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) y al Consejo Nacional de Política Económica y Fiscal (Confis), organismo que expidió la autorización para comprometer vigencias futuras por los años del 2.005 al 2.009.

Hasta la fecha no se conoce documento Compes alguno que autorice el cambio de un documento de identidad que solo lleva 10 años y cuyo proceso de elaboración tardó 5 años por la firma Sagen, pues comprendía no solo la renovación de la cédula de ciudadanía para los mayores de 18 años sino también la tarjeta de identidad para los menores entre 14 y 18 años, ni mucho menos el compromiso de vigencias futuras para el posible contrato.

El otro aspecto que se debe tener en cuenta en el anuncio del señor Registrador es lo relacionado con los datos que almacenaría la nueva cédula, agregados a los que ya tiene la actual, entre ellos la historia clínica del portador del documento. Esta es la parte más controvertida del anuncio pues la historia clínica es un documento reservado como lo prescribe la ley 23 de 1.981, artículo 34, y se convertiría en un obstáculo para que personas que padecen enfermedades congénitas o adquiridas de difícil tratamiento, se vean excluidas de oportunidades laborales, académicas o financieras porque seguramente todas las entidades que requieran el documento tendrán lectores biométricos que alertarán a las entidades que requieran el documento de identidad para saber que limitaciones de salud tiene la persona.

Se convertiría entonces la nueva cédula de ciudadanía, que con tantos bombos y platillos ha anunciado el Registrador, en un documento de exclusión ciudadana a todas luces violatorio de los derechos de igualdad, intimidad, trabajo y reconocimiento de la personalidad.

Es extraño ver al señor Registrador que anuncia por los medios de comunicación una modernización de la entidad a su cargo sin contar con los recursos financieros ni los llamados a la opinión pública, al Congreso Nacional y a los medios para que se manifiesten sobre tan trascendentales cambios que está anunciando, entre ellos el voto electrónico, otra propuesta que requiere de un consenso nacional pues se trata, nada más ni nada menos, que del método de contabilización de votos en un sistema electoral bastante sensible y normativamente obsoleto y que toca con la estructura democrática de Colombia.

Países como Alemania, Holanda, Finlandia e Irlanda entre otros, han regresado al sistema del escrutinio manual de los votos ante los peligros que el voto electrónico representa por la posible manipulación de los hackers.

Algún afán tiene el Registrador para celebrar un contrato grande pues sobre su cabeza pende una espada de Damocles con la demanda que cursa sobre su elección en el Consejo de Estado, presentada por una ONG, integrada por juristas respetables, que acusa su designación como una indigna manipulación que de la entrevista a los candidatos con mayor puntaje realizaron los presidentes de las altas cortes del momento.

Las propuestas del Registrador se parecen a las familias que salen a endeudarse con la compra de un carro nuevo, cuando no tienen la plata para pagar los servicios.

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