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Esta semana explotó en los medios un escándalo por un mico que habían logrado colgar en la reforma a la administración de justicia, por medio del cual se modificaba un requisito para que un abogado sin experiencia en la rama judicial pudiera llegar a ser magistrado de las altas cortes, fiscal general, procurador general y registrador nacional.
En medio de todas las especulaciones que se estaban tejiendo, apareció el representante a la Cámara por el Caquetá, Giovanni Harry González García, quien asumió la paternidad directa de ese mico y reconoció que cometió un error al permitir que ese artículo fuera aprobado en la Cámara de Representantes y pidió perdón por el impacto que podría generar esa disposición.
«Pido perdón al país y a los administradores de justicia. Fue un artículo que se construyó en una mesa técnica, no lo revisé con cuidado», aseguró.
El artículo iba a permitir que los abogados que cuenten con títulos adicionales en programas de educación superior, pudieran acreditarlos como experiencia profesional para ser elegidos en los más altos cargos de la rama Judicial.
¿Pero cuál es la verdad oculta de este escándalo que nació muerto por la declaración del representante Harry González?
El Reverbero de Juan Paz se puso en la tarea de averiguar la verdad. La gran preocupación de la presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria Stella López Jaramillo, no es el supuesto mico por el cambio de los requisitos para elegir Fiscal, Procurador o Registrador Nacional.
El mico ha sido el pretexto para buscar hundir la reforma a la administración de justicia que trae cambios de fondo y que por eso nos les gusta en el Consejo Superior de la Judicatura.
La razón es muy sencilla, le dijo un magistrado a El Reverbero de Juan Paz. El Consejo Superior de la Judicatura pierde el control de los recursos multimillonarios para la Rama y que este año suman 5.2 billones de pesos. Así que el escándalo y el debate a tal mico es solo para desviar la atención de lo que realmente les preocupa.
Hay otro dato que le contaron a El Reverbero de Juan Paz. Adicionalmente “hay un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por 100 millones de dólares para los expedientes digitales y sobre estos recursos la Judicatura también quiere ejercer control directo”, dijo el miso magistrado.
Pero el problema es más grave, y no se puede reducir a que el actual contralor General, Carlos Felipe Córdoba, quiera ser magistrado… Este asunto n tiene interés.
El tema grueso “es sobre los muchos recursos que el Consejo Superior de la Judicatura quiere seguir manejando a su antojo, sin que los presidentes de las altas cortes y demás miembros de la Comisión Interinstitucional de la Justicia de la que también hace parte el Fiscal, se enteren”, comentó otro magistrado.
Como se sabe, a esta Reforma a la Administración de Justicia le falta un debate en la plenaria del senado para que se convierta en ley y su trámite debería darse antes del 20 de junio, fecha en la que finalizan las sesiones en el Congreso.
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