Si no fuera porque se arriesga la salud de la Patria, lo sucedido en el Congreso a propósito de las objeciones del presidente a la ley de la JEP, sería un sainete que muestra a cabalidad lo que sucede con la mayor parte de la clase política, a la que no le importa el país sino sus intereses personales o de partido.
Aunque siempre he creído que el esquema gobierno-oposición es sano, lo es si no se convierte en una herramienta de ejercicio, por ambas partes, de poder irracional. Y lo digo porque para la gente común las objeciones no son solamente sensatas sino que no ponen en riesgo el mal llamado acuerdo de paz, espurio desde que el gobierno Santos con la complicidad del Congreso y de la Corte Constitucional se saltó a la torera la decisión popular que estuvo en desacuerdo con ese pacto. En efecto, evitar dos orangutanes enderezados a dinamitar la extradición a que nos obligan los tratados internacionales y a convertir el narcotráfico en un crimen protegido por la Jep, no puede ser producto sino de un acuerdo clandestino con las Farc que les permita seguir delinquiendo impunemente. ¿No es eso, acaso, lo que prueba el que la Jep lleve más un año tratando de determinar la fecha en la que Santrich cometió su nuevo crimen? (Lea la columna).
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