La justicia cojea, pero llega… Todo parece indicar que la situación de la senadora Sandra Ramírez, la exmujer de Tirofijo, se podría complicar, a raíz de las denuncias de la corporación Rosa Blanca y de algunas mujeres que fueron víctimas de violencia sexual por parte de los excabecillas de las Farc, hoy flamantes senadores de la República.
La justicia transicional enfocará sus esfuerzos en escuchar a víctimas como Deisy, cuya historia evidencia los efectos del reclutamiento infantil y la violencia sexual en el conflicto armado
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) incluirá el testimonio de una mujer identificada como Deisy dentro del macrocaso 07, el cual aborda la violencia sexual y otros crímenes cometidos en el marco del conflicto armado por parte de las extintas Farc-EP.
Será el relato de una víctima que señaló de manera directa a la senadora Sandra Ramírez, del Partido Comunes, también conocida como “Griselda Lobo”, como una de las presuntas responsables de los hechos de violencia sexual que habría padecido desde los 11 años.
De confirmarse esta vinculación, la JEP estaría reconociendo formalmente que el relato de Deisy reúne las condiciones para ser tenido en el conjunto de investigaciones relacionadas con el reclutamiento forzado de menores y las violencias basadas en género que habrían sido sistemáticas durante el accionar armado de esa guerrilla.
Este caso específico tendría un enfoque diferencial que prioriza las voces de las víctimas que habrían sido sometidas a prácticas como la esclavitud sexual, los abortos forzados y otras formas de violencia sexual durante el conflicto.
Según la versión pública que ofreció Deisy en una entrevista concedida al programa 6AM de Caracol Radio, su reclutamiento habría ocurrido cuando apenas tenía 11 años, momento a partir del cual habría sido víctima de reiterados abusos sexuales por parte de miembros de la estructura guerrillera.
En su relato, afirmó que Sandra Ramírez tenía conocimiento de estas prácticas dentro de los campamentos insurgentes. Incluso, señaló que la entonces comandante “ordenaba sancionar” a quienes intentaban resistirse o denunciar estas situaciones, planteando la siguiente reflexión: “¿Por qué no nos defendió siendo ella mujer?”.
Testimonios e informes entregados a la JEP señalan que Sandra Ramírez tuvo conocimiento de abusos dentro de las Farc – crédito @sandraramirezcomunes/Instagram
Deisy también aseguró en su relato que: “Yo me acuerdo de todo eso. No solamente señalo a la Senadora Sandra Ramírez, sino a todos los comandantes de las Farc. Todos los que nos dan cátedra de moral en el Congreso nos abusaron muchas veces. Para ellos las menores de edad eran muy apetecidas”.
Estos señalamientos habrían sido acogidos por la JEP para nutrir las investigaciones dentro del macrocaso 07, que se centra en esclarecer las dinámicas internas que facilitaron la comisión de crímenes sexuales al interior de las Farc-EP.
La jurisdicción buscaría determinar el grado de responsabilidad de quienes ostentaban roles de liderazgo y jerarquía en la organización armada, bajo el supuesto de que su conocimiento, omisión o incluso promoción de estos hechos habría contribuido a su perpetuación.
Con respecto a la senadora Ramírez, diversos sectores sociales señalaron que su cercanía con la cúpula de las Farc y su posición como figura influyente dentro de la guerrilla podrían ubicarla en una posición de responsabilidad indirecta frente a los hechos que han comenzado a documentarse por parte de la justicia transicional.
La Corporación Rosa Blanca,que representa a mujeres excombatientes y víctimas de violencia sexual en el conflicto, reiteró que “la cercanía de Sandra Ramírez con la cúpula de las Farc refuerza su responsabilidad indirecta en los abusos cometidos”.
En particular, se destaca su cercanía con el Secretariado de las Farc y su rol como figura femenina influyente en la estructura de mando de la guerrilla.
Según la petición, su relación con Antonio Marín Marín, alias Manuel Marulanda o “Tirofijo”, y su participación en decisiones estratégicas dentro del grupo armado refuerzan su responsabilidad indirecta en estos hechos.
La inclusión de este testimonio dentro del macrocaso también podría reactivar el debate sobre los alcances de la justicia transicional en Colombia, especialmente en cuanto a su capacidad para abordar delitos relacionados con el género y las violencias sistemáticas que habrían afectado a mujeres, niñas y adolescentes en las filas guerrilleras. (Con datos de Infobae). (Foto tomada de Infobae).
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