La retoma del Palacio de Justicia, aún persigue al coronel (r) Alfonso Plazas Vega 

• Fue demandado en Estados Unidos por ejecución extrajudicial y tortura 

“Aquí defendiendo la democracia, maestro”.  

Esta frase pronunciada con agitación el 6 de noviembre de 1985, entre balas y gritos por el coronel Alfonso Plazas Vega, hace 37 años, mientras dirigía la retoma del Palacio de Justicia, tomado por el M-19, sigue marcando la vida del exoficial del ejército. 

Vale recordar que Plaza Vega fue condenado por estos hechos por el Tribunal Superior de Bogotá a 30 años de cárcel, pero fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia el 16 de diciembre de 1915. 

Sin embargo, Alfonso Plazas Vega fue acusado por las hijas del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas, asesinado durante la toma del Palacio de Justicia 

Ante la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, las hijas del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas, asesinado durante la toma del Palacio de Justicia en 1985, demandaron al coronel en retiro (r) Alfonso Plazas Vega por haber sido responsable del hecho. Al uniformado se le señala de incurrir en tortura y ejecución extrajudicial. 

El recurso penal interpuesto por las víctimas, con asesoría del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) y el bufete de abogados Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati, se extiende 20 páginas en las que se indica que Urán fue torturado y su cuerpo fue hallado dentro del Palacio de Justicia desnudo y lavado, con una herida de bala en la sien.  

Señala que el Ejército colombiano asesinó al magistrado de forma directa, y desmiente su muerte en un fuego cruzado, como se había dicho inicialmente. 

“Las explicaciones de los militares fueron falsas, fabricadas para encubrir el sistema ilegal desplegado por los militares durante la toma del Palacio de Justicia para identificar, interrogar, torturar y matar extrajudicialmente o desaparecer por la fuerza a presuntos guerrilleros o simpatizantes de la guerrilla entre los rehenes que salieron del Palacio”, se lee en la demanda. 

Se destaca que han pasado 37 años desde el hecho y desde entonces no se han tomado medidas contra los responsables del hecho.  

En 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos halló al Estado de Colombia responsable de las torturas, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales cometidas como parte de la retoma militar del Palacio de Justicia, sin embargo, los responsables puntuales no han sido condenados. 

En el caso particular del asesinato de Urán, la investigación penal que adelanta el Estado colombiano está estancada desde 2007, por eso las hijas del magistrado interpusieron esta nueva demanda. 

La toma del Palacio de Justicia ocurrió en la mañana del 6 de noviembre de 1985, cuando aproximadamente 35 miembros de la guerrillera M-19 atacaron el lugar y mantuvieron a civiles como rehenes durante dos días.  

El Ejército colombiano reaccionó desplegando sus tropas, sin embargo, hay dudas acerca de si todas las personas que murieron o fueron lesionadas en este episodio fueron violentados por los subversivos. 

En la página del CJA reseñan que durante las operaciones de rescate los militares escoltaron a los rehenes fuera del Palacio de Justicia, pero algunos de ellos fueron considerados “especiales” y los retuvieron más tiempo para asesinarlos y luego hacer creer que murieron a manos de los subversivos.  

Se indicó que el sistema de “especiales”, como llegó a ser conocido, era parte de la guerra brutal y sin cuartel del Ejército colombiano contra el terrorismo guerrillero. 

“Algunos rehenes fueron considerados “especiales” por ser guerrilleros o simpatizantes y fueron interrogados, torturados y, en la mayoría de los casos, asesinados extrajudicialmente o sometidos a desaparición forzada. Tras las operaciones para acabar con la toma del Palacio de Justicia, las fuerzas de seguridad emprendieron una operación descarada y sistemática para ocultar sus crímenes”, dice el CJA. 

Se indicó que los militares devolvieron los cuerpos al Palacio para hacer creer que murieron a manos de los subversivos, pero el CJA señala que esta narrativa comenzó a desmoronarse con los años. Se han conocido testimonios de testigos, evidencia en videos y documentos, y comunicaciones militares por radio, que revelaron que varias personas que luego fueron encontradas muertas o cuyos restos nunca fueron recuperados salieron escoltadas del Palacio de Justicia bajo la custodia de las Fuerzas Armadas. 

En 2007, durante un allanamiento ordenado por un tribunal, las pertenencias del magistrado Urán fueron descubiertas escondidas bajo llave dentro del recinto de la Décima Tercera Brigada.  

Ese mismo año surgieron pruebas en video y testigos presenciales, por lo que estableció que el magistrado Urán había salido del Palacio de Justicia bajo la custodia de los militares, herido pero vivo. (Con datos de Infobae).