La oportunidad de oro de EPM para legitimarse con las comunidades del Oriente Antioqueño 

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Por Óscar Castaño Valencia 

Hace nueve años y bajo el lema “Redes para el Desarrollo” el equipo social de EPM decidió, después de una evaluación de la Fundación Carvajal, una entidad caleña que no tenía ningún conocimiento del Territorio y, tal vez, direccionados por Santiago Villegas Yepes, un funcionario que trabajaba en la CHEC y que llegaba promocionado a la dirección del equipo social imponiendo su visión tecnócrata de convertir a los funcionarios en supervisores de ONG´s, sacándolos del papel de interlocutores de las administraciones y de las comunidades, que era y seguirá siendo, lo correcto en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial, tercerizo la ejecución de todos los proyectos de compensación social. Es decir que los funcionarios sociales decidían en que se invertía y con quién lo ejecutaba, dejando por fuera a las administraciones y a las comunidades. 

Este hecho, nefasto para administraciones y comunidades, pero tal vez mucho más para el mismo EPM y su legitimidad en los territorios, empezó a distanciar una relación de interlocución directa entre la empresa y sus socios naturales, los municipios que inundaron sus territorios para generar energía eléctrica, y las comunidades que sufrieron las consecuencias sociales que les trajo a sus territorios dicha inundación. 

Los municipios se llenaron de “chalecos” de todos los colores con los logos de diferentes ONG, la mayoría traídos de otras regiones, que imponían a las comunidades su visión experta del desarrollo y dejaban por fuera a las administraciones municipales. 

Esta desnaturalización de las relaciones entre EPM y los territorios de influencia de la generación de energía y el poco aporte real a las comunidades, además de la burocratización de los proyectos fueron creando un enorme malestar en la Región que, a viva voz, empezó a manifestar su inconformidad de manera pública, a través de alcaldes, concejales y lideres sociales hasta lograr romper, hace un año, esa lógica leonina del equipo social y lograron que el gerente, presionado por las voces del Territorio, devolviera uno de los proyectos tercerizados estratégico para el quehacer municipal. Se trataba, ni más, ni menos, del Proyecto de Educación, Cultura, Recreación y Deportes. 

Fueron cerca de cuatrocientos millones para cada municipio que ha logrado, en muy poco tiempo, dinamizar procesos sociales de ondas repercusiones sociales entre las comunidades. 

Sin embargo, subsisten otras líneas de compensación social que siguen tercerizadas en manos de ONG´s, como el Proyecto de Fortalecimiento Institucional, en manos de PRODEPAZ y que ha ejecutado unos dos mil millones de pesos en los últimos cuatro años. Es en el Oriente y los municipios de influencia de la generación de energía en la única región donde no son los municipios los ejecutores. 

Es por ello por lo que nuevamente se empiezan a levantar las voces del Territorio para exigir, no solo un trato igual a las otras regiones de influencia, sino para cuestionar: ¿Si la apuesta de la empresa es fortalecer a sus socios, los municipios y las comunidades o a un tercero? 

EL PROBLEMA DE FONDO 

La verdad es que hoy se hace necesario reflexionar si aún son válidas las leyes que permiten a las empresas generadoras de energía una compensación irrisoria a los municipios y la región, mientras las jugosas ganancias son todos los días mayores para las empresas. La LEY 56 lleva cuarenta años sin ninguna modificación para vergüenza del país y las dificultades sociales de los municipios que le generan desarrollo a Colombia. 

Para muestra un botón, el Oriente Antioqueño generó en el 2021 un aproximado a UN BILLÓN DE PESOS, según la tabla de costos de energía de la CREG, mientras que las compensaciones legales y sociales solo alcanzaron unos dieciocho mil millones de pesos y las sociales tercerizadas en entidades ajenas a los territorios y sus comunidades, en su mayoría. 

Es por ello por lo que se tramita una iniciativa legislativa para que las compensaciones sean mucho más justas y reales a lo que viven los municipios de influencia hoy. No se compadece que un municipio como El Peñol, que inundo su casco urbano y casi la mitad de sus tierras, solo reciba unos trescientos veinte millones de pesos de compensación legal al año. 

OTROS PROYECTOS DE COMPENSACIÓN SOCIAL EN LA MIRA 

Otra línea estratégica tercerizada en estos momentos es la productiva, es decir el apoyo a los campesinos para que mantengan y fortalezcan sus cultivos. Este proyecto que se ejecuta en los últimos dos años por parte de la Provincia del Agua, el Bosque y el Turismo, bajo el nombre de “Más Campo, Más Sostenible” que, aunque está siendo ejecutado por una forma asociativa exitosa de los municipios, genera una burocracia que bien podría servir a los municipios y sus administraciones para fortalecer sus unidades de trabajo agropecuario y ambiental. 

PARA TERMINAR 

Hoy los alcaldes y las comunidades levantan nuevamente su voz y piden que, de una vez y por todas, se termine la tercerización infame que, algunos funcionarios, mandos medios, contrariando la voluntad política de la gerencia, quieren seguir manteniendo en los municipios de influencia de la generación de energía de EPM. 

Este es el momento para que EPM recupere la relación directa con los municipios y las comunidades, terminando de una vez por todas la tercerización leonina implementada en la última década. Que le dé el papel de socios de la producción de energía a los municipios, las comunidades y sus administraciones para que pueda haber una legitimación real en el quehacer de los entes municipales y de la misma empresa de manera directa y concertada.