Por Eduardo Mackenzie (foto)
@eduardomackenz1
El regreso a la clandestinidad de nueve jefes de las FARC, de las que se decían desarmadas y convertidas en partido político, agravó la agonía de la JEP. Para evitar el colapso definitivo de ese organismo, e impedir que se extendiera la alerta dada por la ONU el pasado 7 de septiembre ante el extraño eclipse de esos cabecillas, quienes renunciaron a sus escoltas y huyeron de las zonas donde aún acampan cerca de 1.500 desmovilizados de esa guerrilla, el directorio de la JEP –curioso tribunal de “justicia especial” creado para amnistiar a los cabecillas de las FARC, es decir a los mayores criminales que ha tenido el país en más de 100 años–, sacó un conejo del cubilete del mago.
El 13 de septiembre, en una inesperada conferencia de prensa, Patricia Linares, la presidenta de la JEP, intimó a los escurridizos personajes y a los otros 22 “ex comandantes” de las FARC a hacer llegar a su oficina, en un plazo de 10 días, una declaración escrita en la que cada uno de ellos debería “manifestar si siguen o no comprometidos con el acuerdo de paz”.
Lamentablemente no se trata de una medida para obligar a Iván Márquez y a los otros a que respeten el pacto de La Habana. En lugar de dictar un “incidente de incumplimiento” o de pedir a la Fiscalía que firme las respectivas órdenes de captura, Linares anunció una medida meliflua para sofocar las críticas. (Lea la columna).
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