Sólo en el papel de las propuestas políticas programáticas y de los planes de desarrollo, la educación y los maestros han sido considerados como factores esenciales para el desarrollo social, económico, cultural y político de país. El Estado y las acciones de los gobiernos se han quedado cortos en cuanto a los compromisos internacionales y a las metas fijadas en los Planes Nacionales Decenales de Educación. De estos últimos se han elaborado tres como mandato de la Constitución del 91. Si se hubieran cumplido sus intenciones y metas la educación y el país estarían en estados superiores de desarrollo y se habrían alcanzado metas sociales y económicas de alta significación.
Esos Planes han tenido el carácter de indicativo y no fuerza de ley. El primero de ellos, autocalificado hace ya un cuarto de siglo como el “proyecto educativo más ambicioso de nuestra historia”, fue el de 1995 a 2005 para, como se afirmó: “Lograr que la educación se reconozca como el eje del desarrollo humano, social, político, económico y cultural de la nación.” El segundo Plan, de 2006 a 2016, titulado “Pacto social por la educación” señaló en su visión que, para el último año de su vigencia, o sea 2016, la educación sería un derecho cumplido y un bien público de calidad, en donde el Estado garantizaría equidad e inclusión social, los recursos y una gestión eficiente. El tercer Plan Decenal, de 2016 a 2026, titulado “Camino Hacia la Calidad y la Equidad” invita a unos desafíos, pero sin especificación de metas que permitan definir los indicadores de seguimiento. (Véanse los tres planes aquí: https://goo.gl/f5hofe; https://goo.gl/LbMYaV y https://goo.gl/2yfr7j).(Lea la columna).
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