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Francisco Angulo Osorio estaba prófugo de la justicia desde que fue condenado a 30 años de prisión por el Tribunal Superior de Medellín, por el homicidio del defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle, ocurrido en 1998, en el centro de Medellín.
El operativo de captura se realizó en la zona rural de Medellín.
Más de un centenar de policías allanó varias fincas donde, según información de inteligencia, se encontraba escondido el hombre que había huido de las autoridades hace poco más de tres años cuando se conoció que el Tribunal Superior de Medellín ratificó la condena en su contra y de su hermano Jaime Alberto, como coautores del crimen.
Valle fue asesinado el 27 de febrero de 1998 por un grupo de sicarios de la Banda La Terraza,el brazo criminal urbano de las Autodefensas Unidas de Colombia comandadas por Carlos Castaño, luego que él exigiera a las autoridades civiles y militares de Antioquia que se investigaran las masacres paramilitares en El Aro y La Granja, y la relación estrecha entre la clase política y los paramilitares en ese departamento.
Entre el 22 y el 27 de octubre de 1997, un grupo de más de 200 paramilitares asesinó a 15 campesinos, torturó a varias personas, violó mujeres y desplazó a los habitantes del corregimiento El Aro.
Semanas antes, se había dado una serie de asesinatos selectivos en corregimiento de La Granja, donde había nacido Valle.
Los ganaderos y también comerciantes fueron vinculados en la investigación desde el inicio, pero en 2001 fueron absueltos por la justicia.
Sin embargo, las víctimas continuaron su lucha por la verdad y lograron que en 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado colombiano por su responsabilidad en las dos masacres. En el fallo se exigieron acciones para reparar a las víctimas.
Con base en esa sentencia internacional la Fiscalía solicitó ante la Corte Suprema de Justicia revisión del fallo que en el 2001 salió a favor de los hermanos Angulo y logró que el caso se reabriera, pero en dos instancias se profirió y ratificó la condena a 30 años de prisión.
El fallo condenatorio se conoció en 2017 y en su parte resolutiva los magistrados del Tribunal de Medellín aseguraron que “las Fuerzas Militares, de Policía, de Seguridad, la Gobernación de Antioquia, grupos de ganaderos, comerciantes, industriales y muy buena cantidad de personas que fueron víctimas de las acciones de la guerrilla,se aliaron con los grupos de autodefensa o paramilitares en orden de combatir a esos grupos insurgentes”.
En ese mismo fallo se solicitó investigar a varios oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, y al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.
Este miércoles se realizó la audiencia de legalización de captura ante un juez de Medellín. Los dos hermanos están tramitando su solicitud de ingreso ante la Justicia Especial para la Paz. (Con datos de RCN Noticias). (Justicia).
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