La frontera como urna

Por Sandra Milena Alvarado P. 

Hay una decisión que no aparece en los tarjetones y, sin embargo, dice más que cualquier encuesta. La emite una persona cuando decide irse. No necesita propaganda ni debates: basta una maleta, un abrazo que se alarga, sentimientos de tristeza por dejarlo todo y la frase que nadie quiere pronunciar en voz alta: “tengo que irme”.

Esta decisión se paga con sacrificio, con despedidas, con culpas, con la sensación de estar dejando una parte de la vida en pausa. Nadie abandona su vida, su país, para aventurarse sin razón.

Las migraciones masivas no nacen de un capricho colectivo. Se va quien siente que el futuro se estrechó. Se va quien dejó de confiar en que el esfuerzo tiene recompensa. Se va quien percibe que las reglas ya no lo protegen, que trabajar no se retribuye, que lo básico empieza a volverse incierto. La gente no migra hacia teorías: migra hacia la posibilidad concreta de vivir mejor.

Albert Hirschman lo explicó con una lucidez que hoy parece escrita para nuestra época: cuando la “voz” deja de tener efecto, aparece la “salida”. La migración es esa salida. No es un panfleto; es un diagnóstico silencioso. Es, quizá, la forma más extrema de protesta que puede ejercer un ciudadano: retirarse del contrato social porque siente que no le ofrece condiciones mínimas dignas.

En los últimos años el mundo ha visto escenas que deberían incomodarnos más de lo que nos hemos permitido. Millones de venezolanos cruzando fronteras con sólo lo puesto. Familias cubanas repitiendo olas migratorias que ya son parte de su historia familiar. Y el contraste entre Corea del Sur y Corea del Norte: con cultura y origen comunes, pero destinos opuestos; una potencia tecnológica, la otra un encierro económico del que muchos desean huir, pero el miedo no se los permite. Las personas no se desplazan hacia la escasez, esto debería bastar para abrirnos los ojos.

No se trata de juzgar a quienes defienden ideales de igualdad por medio de la distribución equitativa de la riqueza, entrega de subsidios, la estatización y nacionalización de los medios de producción. La aspiración por una sociedad más justa es profundamente humana. El problema aparece cuando la justicia prometida termina produciendo pobreza real y la perdida de libertades; cuando el Estado concentra poder económico con intención de repartir bienestar y lo que acaba repartiendo es carencia, controles y miedo.

Ahí la discusión deja de ser un pulso de simpatías y se vuelve una pregunta concreta: ¿qué tipo de país le permite a la gente quedarse?

Economistas e historiadores institucionales han insistido en algo común: sin libertad para crear, invertir y emprender, la política social se vuelve un anuncio sin respaldo. Friedrich Hayek advirtió, que la libertad económica no es un lujo, es una condición que sostiene otras libertades. Douglass North mostró que las instituciones que ahogan los incentivos y vuelven impredecibles las reglas, tienden a quedarse atrapadas en ciclos de estancamiento. En otras palabras: sin crecimiento económico sostenido no hay política social durable. Hay repartición de escasez. Y la escasez no se administra con discursos: se padece.

Por eso la migración masiva es un indicador tan cruel. Cuando millones están dispuestos a perder raíces, idioma, cultura y pertenencia con tal de ganar oportunidades, la conversación deja de ser ideológica. Se vuelve humana. Ningún eslogan resiste esa comparación.

Y aquí es donde entramos nosotros como colombianos, sin excusas, en la conversación.

También en nuestro país tratan de seducirnos con atajos emocionales: promesas de igualdad instantánea, soluciones mágicas, culpables absolutos. También aquí hay quienes prefieren el consuelo de una frase contundente antes de medir las consecuencias, o quienes sintiéndose abandonados y desilusionados desean castigar a los demás.

América Latina nos ha brindado suficientes lecciones: estamos eligiendo nuestras condiciones de vida.

Por eso la Gran Consulta por Colombia no debería mirarse como un ring, sino como una oportunidad de ordenar el rumbo con responsabilidad. Cada voto en la urna no sólo selecciona un nombre: respalda un enfoque, un método, una manera de entender el Estado, el mercado, la inversión, el empleo. Y la pregunta que deberíamos hacernos no es quién emociona más, sino qué decisiones permitirían que nuestros hijos quieran quedarse y que nosotros no tengamos que irnos. No hay dignidad sostenible en un país que expulsa a su gente.

La educación cívica empieza cuando dejamos de votar por identidad y empezamos a votar por consecuencias. Cuando entendemos que el modelo económico no es un debate abstracto, sino algo que se siente en lo cotidiano: empleo, educación, seguridad, salud, inversión, innovación, movilidad social. Cuando comprendemos que el voto no es una descarga emocional momentánea, sino una decisión que moldea generaciones.

A veces convertimos la política en una pelea de personas. Y ahí nos ganan los extremos, porque nos empujan a votar por adhesión o resentimiento, como si elegir fuera castigar al otro. Pero las personas pasan; las decisiones quedan. Y las instituciones, cuando se erosionan, no se reparan fácilmente, se requieren años.

La migración es el testimonio más sincero que produce la política. Cuando la gente se va, está diciendo algo que ningún discurso puede tapar. El deber cívico consiste en escuchar ese mensaje antes de repetir errores que otros ya pagaron.

Elegir bien no garantiza la perfección. Pero ignorar la evidencia sí garantiza el arrepentimiento.