Por Amylkar D. Acosta M.

Docente de la Universidad Externado de Colombia

La ejecución del megaproyecto de Hidroituango y su entrada en operación están en medio de una gran encrucijada y sigue sin disiparse la gran incertidumbre sobre la suerte del mismo que generó la grave contingencia que se presentó en abril de 2018. Dicha contingencia, llevó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) a expedir la Resolución 820 del 1º de junio del mismo año mediante la cual suspendió la licencia ambiental que le había otorgado. Es de anotar que al momento en que se presentó la contingencia el avance del proyecto era de 84,3% y le significó un retroceso hasta 60%. Justo al corte de diciembre de 2021 estaba nuevamente alrededor de 86,9%.

En el mismo acto administrativo, la Anla le requirió a EPM de Medellín presentarle un dictamen pericial, el cual contrató con la consultora chilena Pöyry y fue radicado ante la autoridad ambiental el pasado 26 de diciembre, requisito sine qua non este para reconsiderar la medida, en la cual se dejó establecido que “con base en sus propios análisis, la Anla definirá si lo consignado en el documento de Pöyry cumple con lo solicitado para un eventual levantamiento de la medida preventiva impuesta a Hidroituango” y será entonces cuando emitirá “un pronunciamiento de fondo en relación a la medida preventiva impuesta”.

Esta papa caliente quedó en manos de la Anla y mientras esta no revoque la Resolución que suspendió la licencia ambiental, sigue en firme “la suspensión inmediata de todas las actividades regulares relacionadas con la etapa de construcción, llenado y operación del embalse, que hacen parte de las actividades que se llevan a cabo dentro de la ejecución del proyecto” y sólo le es permitido al consorcio constructor adelantar las actividades y trabajos tendientes a “prevenir y mitigar los riesgos asociados a la contingencia presentada”, tales como poner a funcionar el vertedero o la recuperación de la casa de máquinas.

De modo que, como lo afirma la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, “el cronograma de entrada en operación de las dos primeras unidades de generación de esta hidroeléctrica, proyectada por EPM para julio y octubre de 2022 tiene un margen muy estrecho para el manejo de posibles imprevistos o crisis que se puedan presentar”, lo que llevaría a EPM a reincidir en el incumplimiento de sus obligaciones de entrega de la energía en el plazo estipulado.

Lo más preocupante del dictamen pericial de Pöyry es que pese a que sostiene que el proyecto “es técnicamente recuperable”, revela entre sus hallazgos cinco puntos críticos, todos ellos de extrema gravedad, los cuales “pueden resultar, directa o indirectamente, en la rotura de la presa, con las respectivas consecuencias catastróficas”. Y plantea que “la mitigación más eficaz para solucionar este riesgo catastrófico consiste en acelerar en lo posible la puesta en marcha de las ocho unidades de generación” y no sólo las dos que se anuncian desatentadamente.

Y entre sus conclusiones plantea que, en este escenario, para lograr tal cometido es impensable el cambio de ejecutor del proyecto, ya que ello podría acarrear un retraso adicional no menor a un año, con lo cual se estaría acrecentando el riesgo que está latente.

Pese a ello, EPM insiste en el cambio de ejecutor a partir de noviembre, cuando concluya la última prórroga al consorcio constructor y para ello se ha anunciado la apertura de una licitación, alegando que se trata de una “segunda fase” de un mismo proyecto, el cual no tiene solución de continuidad. Ello iría a contrapelo de lo que recomienda Pöyry, de no cambiarlo a riesgo de un retraso mayor para su entrada en operación, tanto más en cuanto que la decisión de la Contraloría General de cerrar el proceso de responsabilidad fiscal abierto contra las empresas que integran el consorcio, varios exgobernadores de Antioquia, exalcaldes de Medellín, exgerentes de EPM y las compañías aseguradoras, luego que estas resarcieran el daño patrimonial establecido por el ente fiscalizador tasado en $4,3 billones, dejó sin piso la razón aducida en su momento por el Alcalde para no prorrogarle el contrato.

Huelga decir, que de no cumplirse con el nuevo cronograma planteado por EPM para que las primeras unidades empiecen a generar energía entraría otra vez en incumplimiento a partir del 1º de diciembre de la obligación de entrega de energía en firme (OEF) al mercado, lo cual conllevaría nuevas sanciones tanto por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) como de la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios.

Como se recordará la Creg, mediante la Resolución 154 de 2019, aduciendo “incumplimiento grave e insalvable”, sancionó a EPM con la pérdida de las OEF para el cargo por confiabilidad asignada en subasta convocada por ella mediante la Resolución 031 de 2017 por 1.085 GWH/año por la no entrada en operación de Hidroituango el 1º de diciembre de 2018, como estaba previsto. Ello implicó la pérdida del ingreso asociado a la obligación contraída y la ejecución de una garantía bancaria por valor de US$43,1 millones, la cual hizo efectiva la Operadora y administradora del Sistema Interconectado Nacional (SIN) XM en diciembre de 2019. Por su parte, la Superintendencia le impuso a EPM una sanción en modalidad de multa el 18 de noviembre de 2021 por valor de $1.817.052.000 por el mismo motivo.

El tiempo apremia, además de la contingencia ahora toca lidiar con la incertidumbre que generan estos bandazos y cualquier dilación puede dar al traste con el proyecto, que podría colapsar, comprometiendo seriamente no sólo la seguridad energética del país, sino que se podría exponer a un desastre de consecuencias impredecibles. No hay tiempo que perder, de lo que se trata es de recuperar el tiempo perdido y apretar el paso para acelerar la entrada en operación del proyecto y de paso conjurar el riesgo que puso de manifiesto Pöyry en su diagnóstico.