La desgracia del “todo vale”

Por Carlos Alberto Ospina M. 

La perspectiva filosófica clásica advierte que la ética es el fundamento de la convivencia social, el bien común y la legitimidad del poder. En el contexto político se puede afirmar que separa el ejercicio genuino de la imposición de la fuerza y el oportunismo. De allí, la importancia de privilegiar la transparencia, la justicia, la decencia y la responsabilidad sobre el cálculo estratégico o el interés personal.

¿La ética es compatible con la autoridad ante la ausencia de límites? No. El desgreño administrativo, el tráfico de influencias, los contratos a dedo y la improvisación van en contra del buen hacer. Estas prácticas apuntan al beneficio propio, la manipulación mediática y el autoritarismo.  

La honestidad debe ser una frontera infranqueable para recordar que gobernar no es dominar, sino servir al bienestar general. El fin en sí mismo es una reflexión constante sobre el compromiso, la dignidad humana, la vida y el futuro de todos.

El régimen actual considera la rectitud como un obstáculo para la eficacia de la gobernabilidad en clara demostración de intentar imponer su voluntad, bajo una supuesta lógica de pragmatismo. Esto significa sacrificar principios elementales para lograr resultados populistas sin importar la pérdida de licitud y sostenibilidad democrática.

Un mandato basado en nociones morales no es débil, más bien es consciente de los límites con realismo político; puesto que las decisiones públicas producen impactos, la descomposición erosiona el establecimiento, la mentira sistemática destruye el vínculo entre gobernantes y ciudadanos; y la instrumentalización de los pobres termina deshumanizando a toda la sociedad.

Platón, Aristóteles, Kant y Weber; entre otros, insistieron en una idea central: cuando el poder se emancipa de toda consideración moral, se vuelve arbitrario. Para la muestra la realidad colombiana que reduce a los individuos a cifras, votos o herramientas de justificación.  La normalización del “todo vale” ha dejado décadas de violencia, desigualdad, corrupción, inseguridad y desconfianza institucional.

Mientras Maquiavelo defendía la autonomía de la política respecto de la moral, otros, como Rousseau, sostenían que la legitimidad solo es posible cuando está anclada en principios éticos universales. Esto último no es una utopía, mejor dicho, es una exigencia concreta y cotidiana.

En Colombia, la izquierda llegó con la idea de que la supremacía se conquista para aprovecharla, de que la astucia es más meritoria que la integridad y de que la norma es un mero discurso para derrotados.  Romper con esa lógica requiere de una transformación radical del ejercicio gubernamental.

El verdadero liderazgo se mide por las líneas éticas que no se cruzaron y los atajos que se rechazaron. En ese sentido, una sociedad que tolera, justifica o incluso celebra el abuso de poder porque le resulta conveniente, contribuye a la degradación del sistema político. El auténtico acto de responsabilidad colectiva implica no premiar la mentira ni simplificar las formas de degradación a partir de la desgracia del “todo vale”.