La Corte Suprema de Justicia cierra las puertas a Petro

·      No hay sitio para el ideólogo de la masacre en la memoria de los mártires

Por José Obdulio Gaviria 

La Corte Suprema de Justicia no invitará al presidente Gustavo Petro a la conmemoración del Holocausto del Palacio de Justicia. No es un capricho protocolar, sino una afirmación ética: no se puede honrar a las víctimas de un crimen invocando a uno de los cerebros que lo gestó.

Me explico: Petro ha confesado haber participado en esa “genialidad”. En su libro Prohibido Olvidar (coescrito con Maureén Maya, 2006) y en múltiples intervenciones públicas, reivindica la toma del Palacio de Justicia como una “genialidad” estratégica del M-19. Invitarlo equivaldría, en términos morales e históricos, a haber convocado a Adolf Eichmann para exaltar la memoria de los millones de judíos exterminados en los campos de la muerte. La analogía es válida: ambos casos involucran la planificación deliberada de un acto de violencia extrema contra símbolos de la justicia y la democracia, justificada por sus autores como un “golpe necesario” contra un orden supuestamente opresor.

En Prohibido Olvidar, Petro confiesa su rol en la gestación de la tragedia. Narra en primera persona plural la “idea” y la “planeación” de la operación: “Nosotros concebimos la toma como una genialidad militar, un asalto audaz al corazón del poder judicial para forzar el diálogo con el gobierno de Belisario Betancur”, escribe, orgulloso.

Para Petro, los magistrados no fueron víctimas inocentes, sino obstáculos burgueses; en cambio, Almarales y Otero fueron los “genios de la operación”, los “héroes inmolados”, los verdaderos mártires de su narrativa, no importa que ordenaran las ejecuciones sumarias de civiles y jueces que suplicaban por sus vidas.

Petro honra a los verdugos y desdeña a los inmolados. Suyas son estas frases despectivas que revelan total ausencia de empatía: “A ellos (los magistrados) solo les preocupaba salvar sus vidas, escondidos en sótanos mientras Almarales y Otero daban la cara por la justicia popular”. Su admiración por el “heróico” Almarales lo llevó a abandonar su primer alias, Aureliano, y adoptar el de “Andrés”, en honor al comandante que dirigió las ejecuciones en el Palacio. No es una anécdota: es un tributo al terrorista, perpetuando una lealtad que choca frontalmente con el juramento presidencial de defender la Constitución y la vida de los colombianos.

Discursos recientes de Petro refuerzan la autoincriminación orgullosa. En octubre de 2025, citó textualmente su libro para defender la toma: “Recibieron disparos de quienes estaban al frente [el Ejército], no de nosotros”, insistiendo en que los magistrados “fallecidos” fueron víctimas colaterales de un Estado represivo. Culpa exclusivamente al Ejército y al gobierno de Betancur, endilgando la masacre a un “desafuero autoritario”: “Esa censura finalmente fue la que facilitó el asesinato de magistrados y civiles, permitió la barbarie. Censuraron a la prensa para no permitir simpatías con el M-19”.

Con esas afirmaciones se refiere a que la ministra Noemí Sanín ordenó el silencio mediático, lo que, para Petro, “impidió” negociar y provocó el baño de sangre. Es decir, transfiere la responsabilidad de los pistoleros del M-19 –que irrumpieron armados hasta los dientes– al presidente y sus ministros. En su visión, el M-19 no es agresor, sino “víctima” de un autoritarismo que justifica la violencia inicial: una guerrilla a la que trata como mártir, sin asumir la culpa por iniciar el asalto armado que dejó 11 magistrados muertos.

Petro, contumaz, nunca ha hecho duelo personal por Gaona, Reyes y los demás mártires de la democracia. Aún como presidente, exculpa al M-19 y demoniza al Estado. En noviembre de 2024, al cumplirse 39 años, tuiteó que “la historia oficial es falsa”, insistiendo en que el Estado “acabó con todo lo que había en el Palacio, incluida la Corte Suprema”. Estas palabras confirman una ausencia de empatía. Para él, los magistrados no son héroes caídos, sino peones en un tablero donde el M-19 jugaba por el “pueblo”.

La visión de Petro no es la de un estadista reconciliado, sino la de un comunista atrapado en el romanticismo guerrillero, donde la “genialidad” de un asalto armado eclipsa el luto colectivo. Esta incompatibilidad moral, histórica, política y jurídica con la condición de Jefe de Estado es abismal: un presidente que exalta a Almarales –ejecutor de Gaona a quemarropa, como declaran los sobrevivientes– no puede liderar la nación sin destruirla.

Históricamente, la lealtad de Petro al M-19 perpetúa la legitimación del terrorismo que azota a Colombia desde 1962; jurídicamente, socava el monopolio de la fuerza legítima al justificar el terror como “diálogo armado”. El mandatario de Colombia, en lugar de honrar a los caídos por la defensa de la democracia, exalta a los criminales que predican la dictadura del Socialismo del Siglo XXI.

Bien por la Corte Suprema de Justicia. Invitar a Petro a las conmemoraciones sería profanar el altar de la democracia; excluirlo, un acto de justicia poética. La Corte es la que “prohíbe olvidar”: exige verdad, no revisionismo. En esa verdad, Petro hace parte del bando enemigo.