La corrupción, una pandemia mundial (3)

Por Guillermo Mejía Mejía

Nota: El dirigente Hernán Saldarriaga conformó una atractiva tertulia que se llama “Amigos de Carlos Upegui”. Carlos Upegui Zapata, un destacado y respetable dirigente industrial de Antioquia, fue durante muchos años brazo derecho de Carlos Ardila Lulle. Falleció el 4 de junio de 2016. De ese grupo forman parte el exgobernador de Antioquia Fernando Panesso, Alberto Piedrahíta Muñoz, William Fernando Yarce, Jorge Ignacio Paz, Carlos Betancur, entre otros. 

El miércoles hicieron una tertulia virtual, e invitaron al exmagistrado Guillermo Mejía Mejía para que les hiciera una exposición sobre la corrupción. 

Por considerarla de mucha importancia, por su calidad y rigurosidad, El Reverbero de Juan Paz la publica en varias entregas. Lea hoy la tercera entrega. 

4-INTERBOLSA

El ingeniero químico Rodrigo Jaramillo Correa, funda en 1.990 una empresa cuyo objeto social es apostarle al mercado bursátil en lo que antes era la Bolsa de Valores de Medellín y crea la sociedad Interbolsa S.A. cuyo objeto social es la captación de dineros destinados a inversión en distintos negocios. En 1.997, ya un poco crecida la empresa, su hijo Tomás Jaramillo Botero, egresado del Colegio Nueva Granada de Bogotá y de “The American University”, le presenta a un economista, egresado de la Universidad Javeriana, de nombre Juan Carlos Ortiz, casado con la presentadora Viana Ruiz, antiguo corredor de la Bolsa de Valores de Bogotá, entidad de la cual fue expulsado por pesar sobre él una sanción de la Superintendencia de Valores que le prohibía ser corredor de bolsa, a causa de movimientos non sanctus. Ortiz y cinco socios más le compran a la familia Jaramillo el 50% de Interbolsa y queda cada uno con el 8.33%. A pesar de la sanción, Ortiz continúa sus operaciones bursátiles desde la Bolsa de Medellín.

Con el negocio viento en popa, Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, fundan, en el año 2.000, en el paraíso fiscal Curazao, el Fondo Premium Capital Appreciation Fund con el que comienzan una serie de triangulaciones de capitales que captaban en Bogotá, enviaban a Curazao y los regresaban a Colombia a empresas colombianas entre ellas a la misma Interbolsa, todo esto a espaldas de la Dian y de la Superintendencia Financiera. Sobra advertir que, a pesar de su aparente fachada de empresa multinacional sólida, la contabilidad no era ortodoxa. Era tramposa.

Esa triangulación de capitales que provenían de ahorros particulares se realizaba a través de autopréstamos entre sus mismas entidades asociadas como Premium, Invertácticas y Fabricato.

Por el año 2004 un empresario sólido, dueño de varias empresas importantes del país, Víctor Maldonado, comenzó a adquirir paquetes de acciones de Interbolsa pues veía en esa empresa la oportunidad de acrecentar su patrimonio en el mercado de la especulación, empresa a la que llegó de la mano de Tomás Jaramillo, compañero de estudio de su hijo Ignacio. Ahora la familia Maldonado demanda por perjuicios al Estado colombiano por la no despreciable suma de 320 mil millones de pesos.

Por el año 2.006 aparece un italiano llamado Alessandro Corridori, quien se presenta como un próspero corredor de la bolsa de valores de Milán con importantes vinculaciones comerciales con Parmalat y Allianz, que a la postre resultaron falsas.

Es este Corridori el que le pone el ojo a Fabricato, que no se encontraba bien de salud financiera y a través del sistema de los repos, operación avalada por Interbolsa, se logró que la acción de la textilera adquiriera mayor valor en la bolsa y mientras más acciones adquiría más plata le prestaba Interbolsa. En cuestión de año y medio Corridori se hace al 20% de las acciones de la empresa y es el mayor accionista. O sea que mientras los ahorradores privados creían que su plata estaba segura en inversiones en el exterior, a la hora de la verdad estaba invertida en Fabricato una empresa artificialmente inflada, una burbuja.

El 1° de noviembre de 2.012 estalló la burbuja, comenzó la liquidación de Interbolsa, se iniciaron los procesos penales y los 1.027 ahorradores aun no recuperan sus dineros perdidos por falta de vigilancia adecuada del Estado a través de la Superintendencia del ramo.

Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, se calcula que se quedaron con 300 millones de dólares y aceptaron el delito. Corridori, por su parte, se benefició por la prescripción de los delitos cometidos, según decreto del juez 33 de Bogotá, decisión que también cobija a su esposa Claudia Jaramillo y a su cuñada.

Rodrigo Jaramillo cumple una pena de 7 años en detención domiciliaria por delitos aceptados por él en noviembre de 2.013.

Rodrigo Jaramillo, Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, cumplen sus penas en detención domiciliaria en sus cómodas mansiones, igual a como estamos todos por culpa de la pandemia. Los 1027 inversionistas siguen sin recibir su plata. Esa es la justicia colombiana.

5- FIDUPETROL.

Fidupetrol no es una compañía explotadora de petróleo, sino que se dedicaba a negocios de carbón y esmeraldas, empresa en la cual el exgobernador de Casanare, Withman Porras, depositó en el 2.008, la suma de 25 mil millones de pesos, producto de regalías del petróleo, para su administración como patrimonio autónomo, firma esta que no tenía nada que ver con dicho departamento. Según el contrato, Fidupetrol debía devolver este dinero al año siguiente pero la verdad es que nunca lo hizo. El departamento inició el correspondiente proceso judicial para recuperar la plata, que terminó con la condena a Fidupetrol y con el exgobernador Porras condenado a 18 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia.

Además de la condena al gobernador Porras, la Corte Suprema de Justicia condenó a Fidupetrol S.A a pagar una multa por valor de 22.500 millones de pesos y para defenderse de semejante sanción la sociedad contrató al abogado barranquillero Víctor Pacheco quien entabló una acción de tutela en contra de la sentencia de la Corte Suprema. Aquí es donde comienza el escándalo de la Corte Constitucional porque la escogencia de las tutelas que examina esta corporación es al azar o de acuerdo con la importancia nacional del asunto. Lo cierto del caso es que el abogado Pacheco denunció que, en una reunión privada en la casa del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel Chaljub, este le manifestó que estaba en condiciones de intervenir para que la tutela se fallara a favor de Fidupetrol pues le hablaba al oído al magistrado Mauricio González Cuervo, quien debía encargarse de su escogencia, pero a cambio de 500 millones de pesos.

Los procesos tanto de Fidupetrol como el del magistrado Pretelt Chaljub son demasiado largos y complejos, pero en síntesis podemos concluir que la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia lo condenó a seis años y medio por el delito de concusión, sentencia en la cual se le niega la condena de ejecución condicional y la prisión domiciliaria. Su abogado Abelardo de la Espriella apeló el fallo.

Por su parte el abogado Víctor Pacheco, por entregar los 500 millones, pedidos por Pretelt, fue condenado a dos años de prisión y a una multa de 100 salarios mínimos.

Aparte de los 22 mil millones colocados por el exgobernador Porras del Casanare en Fidupetrol, otros 40 mil quinientos fueron a parar a otra “fiduciaria” fantasma. De esos 63 mil millones solamente se recuperó el 30%. Así se manejan las regalías petroleras en algunos departamentos.

Me haría muy extenso si narrara los casos más conocidos y aberrantes de nuestra triste historia de corrupción, pero solo me limitaré a mencionarlos para que ustedes los analicen y juzguen si el puesto 97 que ocupamos como país corrupto es injusto y debemos estar más arriba en esa escala o por el contrario deberíamos bajar más en tan degradada jerarquía. Les recuerdo los siguientes escándalos:

6- ODEBRECHT

Por este escándalo están condenados el exsenador Otto Bula y el ex viceministro Gabriel García Morales, natural de Cartagena y graduado de economista de la Universidad de los Andes y especializado en los Estados Unidos y se investiga a gran cantidad de entidades públicas y privadas que tuvieron que ver con el asunto. Se estima que la coima recibida fue de 11.5 millones de dólares;

7- EL CARRUSEL DE LA CONTRATACIÓN DE BOGOTÁ

Por el carrusel de la contratación en Bogotá están condenados los hermanos Samuel Moreno Rojas, egresado de la Universidad del Rosario y con un master en administración pública Harvad, exalcalde de Bogotá y su hermano Iván, médico graduado en la universidad militar Nueva Granada, a 24 años de prisión el primero y a 14 el segundo. Se calcula que recibieron 2.2 millones de pesos de recompensa por la adjudicación de varios contratos entre ellos la tercera fase de TransMilenio.

8- FONCOLPUERTOS.

Entre varios funcionarios y jueces decidieron otorgar millonarias pensiones a sus exempleados y por este caso fueron sentenciadas 825 personas y su gerente, Luís Hernando Rodríguez, fue condenado a 13 años de prisión, pero es el beneficiario de la sustitución de pensión de su esposa la excongresista Martha Catalina Daniel, asesinada en el año 2.002, crimen por el cual está condenada a 40 años su hermana Sandra Lucrecia Daniels.

9- EL GRUPO NULE.

Los primos Nule fueron condenados a 8 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia, pero igual que todos nosotros tienen detención domiciliaria. Todos sabemos las trampas que hicieron para ganarse los contratos de la doble calzada Bogotá-Girardot y la ampliación de la calle 26 de Bogotá.

Parece inverosímil pero Guido, el cerebro de los negocios ilícitos se graduó con honores en Administración de Empresas en la Universidad Javeriana con una tesis titulada “Responsabilidad social de los negocios: ética y educación”. 

10-EL CARTEL DE LA TOGA

Este es quizás el más escandaloso de todos los casos de corrupción judicial porque demuestra que está ya penetró las altas cortes. El exfiscal Luis Gustavo Moreno fue acusado de recibir 10 mil dólares para beneficiar al “Cartel de la Hemofilia”, un concierto para delinquir orquestado por el gobernador de Córdoba, y de entrada enredar a varios magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia: José Leónidas Bustos Martínez, actualmente prófugo de la justicia, Francisco Javier Ricaurte Gómez y Gustavo Malo, detenidos en cárcel.

Moreno es egresado de la Universidad Libre y magister en Derecho Penal de la misma y dos maestrías más: una en derecho procesal de la Universidad Jaime I de España y otra del mismo tema en la Sergio Arboleda.

Como ustedes pueden observar, la mayoría de estos delincuentes de cuello blanco han estudiado en las mejores universidades del país y algunas del exterior. En la universidad del Rosario existe un mosaico con los 26 presidentes de la República que han pasado por sus aulas. En todas las universidades, se debería tener, también, un muro de la infamia en donde se ponga el nombre de los que las deshonran.

LAS NORMAS ANTICORRUPCIÓN

En Colombia abundan las normas anticorrupción y cualquier analista pensaría que ahí está la solución de toda nuestra problemática ética.

Comencemos por mencionar la suscripción de la Convención firmada por Colombia el 29 de marzo de 1.996, durante la Conferencia Especializada sobre corrupción promovida por la Organización de Estados Americanos OEA en Venezuela. Este tratado internacional fue aprobado por el Congreso mediante la ley 412 de 1.997 y declarada su exequibilidad por sentencia C-397 de 1.998.

En el año 2011 se expidió la ley 1474 denomina “Estatuto Anticorrupción” que tiene 135 artículos y hasta la fecha ha sido modificada 10 veces. Dentro de sus disposiciones existen 34 elementos normativos básicos que se refieren a aspectos como inhabilidades para contratar con el Estado, prohibiciones, aumento de penas, creación de nuevos delitos, vigilancia especial a ciertos procesos de contratación, entre otros.

El pasado 28 de octubre el Gobierno Nacional, con mensaje de urgencia, nuevamente presenta al Congreso otro estatuto anticorrupción que obviamente derogará el anterior contenido en la ley

1474 de 2011. Eso significa que esa ley tampoco sirvió para detener la corrupción y que, con este, definitivamente SÍ se moralizará el país.

Lo anterior me hace recordar alguna anécdota de un importante penalista, refiriéndose al poder disuasivo de la pena, que decía que el mayor número de robo de carteras en Inglaterra se presentaba en las aglomeraciones que presenciaban el ajusticiamiento en la horca de un carterista.

El Congreso puede implantar la pena de muerte para los corruptos, aun para los delitos menores, y siempre habrá quien viole la norma y no le tema a la sanción.

Savater en su “Ética para Amador” focaliza el problema de la ética en la libertad de la persona. Los humanos somos libres para hacer el bien o el mal y trae el ejemplo de los castores que no tienen libertad para hacer panales ni las abejas para hacer represas en los ríos. Ellos no son libres porque así están programados por la naturaleza. En cambio, los humanos si podemos escoger entre robar y no robar, entre matar y no matar, entre adjudicar un contrato a quien objetivamente se lo ganó o recibir una coima y adjudicárselo a quien sacó menos puntaje.

En general, es muy difícil implementar las cátedras de ética porque los formatos casi siempre están diseñados para dar una lista larguísima de conductas inapropiadas y de sanciones al estilo de los códigos penales.

La cátedra que se debe establecer en los hogares es la del manejo de la LIBERTAD. La noción del bien y el mal está dada por la filosofía, las religiones, los 10 mandamientos, y ahí es donde estriba el problema: en enseñarle a los hijos a escoger el bien en lugar de escoger el mal.

Fernando Sabater en su ensayo “Ética para Amador, trae una perfecta descripción de nuestro asunto que hizo Aristóteles en su“Ética para Nicómaco”: 

«Tanto la virtud como el vicio están en nuestro poder. En efecto, siempre que está en nuestro poder el hacer, lo está también el no hacer, y siempre que está en nuestro poder el no, lo está el sí, de modo que si está en nuestro poder el obrar cuando es bello, lo estará también cuando es vergonzoso, y si está en nuestro poder el no obrar cuando es bello, lo estará, asimismo, para no obrar cuando es vergonzoso».