El pasado martes 12 de noviembre, sorpresivamente y a manera de escuadrón de asalto, una comisión de la superintendencia de subsidio familiar, encabezada por la funcionaria Ana María Gáfaro, se tomó la sede administrativa de la caja de compensación familiar Comfamiliar Camacol en Medellín.
En minutos, los funcionarios a las órdenes de la señora Gáfaro sacaron a los directivos de sus oficinas, exigieron la entrega de computadores (a tecnología le pidieron una copia inmediata de los archivos digitales de la entidad) y procedieron luego a sellar internamente algunas dependencias mientras revisaban papel por papel, cajón por cajón, documento por documento.
Ese tratamiento de delincuentes que recibieron los empleados de la caja, aún arde en la memoria de todos, sin que nadie les haya ofrecido una disculpa por una actitud, que más allá de un protocolo administrativo, caminó sobre la cornisa de lo judicial y sobrepasó los límites del mínimo respeto.
Ese fue el corolario de una animadversión nacida desde el 26 de abril de 2019, día en que Juan Guillermo Valencia tomó posesión como nuevo director de la caja, en reemplazo de la señora Nora Elena Salazar, destituida por el Consejo Directivo, que no aplaudió ni consintió su deseo insistente de darle muerte a la caja, vendiendo uno de sus activos más costosos a otra caja de compensación (muy cercana a ella, pues su director fue su jefe en la gobernación de Antioquia en los tiempos de Sergio Fajardo) y destinando esos recursos para el pago de deudas, pero no para la reactivación y potenciación de servicios de comfamiliar.
La señora Salazar en compañía de uno de los consejeros más cercanos a ella, el señor eduardo Loaiza, presidente seccional de Camacol, auparon con chismes de pasillo el retiro de algunas empresas bananeras del Urabá, advirtiendo lo que ellos calificaban como la llegada a la dirección de la caja, de «una camarilla de corruptos» cuya pretensión era «robarse los recursos de la entidad».
A esa tarea de descrédito se sumó la gerente de Satena en medellin, Luz Miriam Rey, quien hacía parte del consejo directivo de Comfamiliar Camacol. Con esos antecedentes e infundios Juan Guillermo Valencia se dio a la tarea de recuperar la caja y busca su solidez económica. Presentó un plan de choque ante la superintendencia del subsidio familiar. Para ese momento, la caja se encontraba bajo la medida de vigilancia especial.
El plan de choque nunca fue respondido por la asesora del despacho de la superintendente delegada (Ana María Gáfaro) que a su vez exigía un plan estratégico para los próximos cinco años de la caja. Ese plan se presentó y su derrotero iba en contravía del plan de «punto final» (así lo tituló) presentado por la ex directora Nora Elena Salazar.
Entre el 28 de abril y el 12 de noviembre de 2019, la administración de Juan Guillermo Valencia logró estabilizar la caja a través de un riguroso plan financiero, que si bien no mostraba excedentes prominentes, sí dejaba dar cumplimiento al pago de la nómina sin retrasos, pagar obligaciones de manera sistemática y hasta dar utilidades (cosa que a Ana María Gáfaro le causaba extrañeza en lugar de satisfacción. Para ella, esa situación obedecía más a un maquillaje de cifras que a un denodado esfuerzo profesional).
La verdad es que la estancia de Juan Guillermo Valencia en la dirección de Comfamiliar siempre incomodó a Ana María Gáfaro. Fueron siete meses tensionantes entre la dirección y la superintendencia, pero internamente, importantes para la caja porque se recuperó la confianza y eso se sentía en el ambiente laboral.
Las finanzas comenzaron a tomar forma promisoria y se llegó hasta el punto en que Comfama inició los trámites para la compra del mismo activo que no se le permitió vender a Nora Elena Salazar, pero que le fue autorizado a Juan Guillermo Valencia porque en su plan estratégico estaba contemplada una serie de acciones tendientes a reorientar el curso de la caja con proyectos de vivienda, turísticos, de educación y de pago de deuda, por supuesto.
Hasta el 12 de noviembre, todo estaba dado para que la caja tomara un aire muy importante para continuar por mucho tiempo esa historia que comenzó hace 62 años. Para esa fecha, la administración de Juan Guillermo Valencia contaba con la afiliación documentada de empresas públicas y privadas que habían acogido su llamado. Muchas de las administraciones públicas de Antioquia, recién elegidas, ya habían mostrado su compromiso de sumarse a la caja Comfamiliar con afiliaciones, alianzas, compra de servicios, etc. Sus principales acciones se pueden sintetizar así:
Detuvo la pérdida de la caja recibida en abril de 2019 y la disminuyó a 31 de octubre, en 110 millones de pesos.
Reintegró 294 millones de pesos al fondo de destinación específica “raspado” por la señora Salazar para fines distintos y prohibidos.
Reevaluó el lote de Apartadó y logró un aumento de $4.491 millones más del valor en que lo tenía negociado la señora Salazar a Comfama.
Todo eso lo sabía la señora Gáfaro. Cada acción positiva se le informaba de conformidad con el ofrecimiento de «acompañamiento» que tantas veces hizo saber en público, pero que desdeñaba en privado. O por lo menos ante su jefe directa, la señora superintendente del subsidio Familiar.
La superintendente delegada para la medida especial que cobijaba a la caja Comfamiliar no solo sabía las cosas positivas que la administración de Juan Guillermo Valencia venía realizando, sino también las cosas poco ortodoxas y non santas de la administración de Nora Elena Salazar. A saber:
Pérdida acumulada de 1 de enero a 31 de diciembre de 2018 por $3.822 millones de pesos.
Pérdida acumulada de 1 de enero de 2019 a 30 de abril d 2019 por $974 millones de pesos.
Recursos por $3.714 millones de pesos, de destinación específica, utilizados para otros fines, como pago de revisor fiscal, costos laborales, proveedores, asesoría jurídica, entre otros.
4. Recursos por $128,5 millones de cuota de sostenimiento de la súper año 2018, utilizados para el pago de servicios públicos.
Firma de compraventa con Comfama, de un lote en Apartadó por $17.685 millones de pesos, pese a un primer avalúo de 20 mil millones de pesos, que luego fue revisado y resultó en otro avalúo por encima de los 15 mil millones de pesos, obligando a un tercer avalúo cuyo resultado fue el monto de la compraventa firmada y sin aprobación del consejo directivo por la manera en que iba a distribuir los recursos. En síntesis, lo que provocó su destitución por votación mayoritaria.
Ante esto, ¿qué hizo la administración de Juan Guillermo Valencia?:
Detuvo la pérdida de la caja recibida en abril de 2019 y la disminuyó a 31 de octubre, en 110 millones de pesos.
Reintegró 294 millones de pesos al fondo de destinación específica “raspado” por la señora Salazar para fines distintos y prohibidos.
Reevaluó el lote de Apartadó y logró un aumento de $4.491 millones por encima del valor en que lo tenía negociado la señora Salazar a Comfama.
De todo esto estaba enterada la señora Gáfaro. Era obvia la intención de la señora Salazar de entregar y subsumir a Comfamiliar en Comfama, con la anuencia del director de esta, su antiguo jefe, David Escobar. Y todo eso ante la observancia impávida de la superintendente delegada.
¿Por qué la superintendente delegada Ana María Gáfaro no tomó las medidas pertinentes y a cambio, siguió apoyando la gestión de la señora Salazar? Las irregularidades enumeradas fueron hallazgos de la propia superintendencia en una auditoría del mes de febrero de 2019.
¿Por qué ante la ausencia de faltas técnicas de la administración de Juan Guillermo Valencia, el argumento de la señora Gáfaro para torpedear el avance de la caja era calificar su administración de “politiquera”, fundada en las búsquedas que hizo el ex director de la ayuda de amigos y conocidos insertos en la administración pública? Es acaso un pecado apoyarse, como un mecanismo de mercadeo, en quienes tienen la prerrogativa del poder decisorio sobre la cosa pública? De ser así, Comfenalco jamás habría salido de la crisis que por poco la desaparece.
¿Cuáles son las verdaderas razones de la señora Ana María Gáfaro para ignorar olímpicamente la propuesta de salida a la crisis de la caja hecha por Juan Guillermo Valencia y su equipo, y tomar la decisión temeraria y dañina de intervenir la caja justo cuando menos se necesitaba?
¿Qué tanta responsabilidad administrativa le cabe a la delegada por inducir al equívoco a su jefe, la superintendente Paola Andrea Meneses Mosquera, sometiendo a la caja de compensación familiar Comfamiliar, a una crisis más profunda y de mayor calado con la medida de intervención?
Nunca fue confiable la relación de la administración de Juan Guillermo Valencia con Ana María Gáfaro. No es exagerado afirmar que había un tema personal de por medio, en detrimento de la caja de compensación Comfamiliar, que terminó pagando las consecuencias de la falta de transparencia – y aún de experticia- de una superintendente delegada que puso su propia y corta visión por encima de lo que le decían los informes y evidencias técnicas .
Hoy hay un nuevo director, pero no hay estrategia. Solo buenas intenciones. Y eso para una entidad como Comfamiliar puede llegar a ser fatal. ¡¿ Será ese el verdadero interés?
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