Versión de Euronews
Por Oman Al Yahyai con AP
En un documento de 12 páginas, Human Rights Watch acusa a los grupos criminales del territorio de ejecutar a civiles desarmados, reclutar a la fuerza a niños y dirigir campos de trabajos forzados.
Esta organización le pidió al Gobierno colombiano que acelere urgentemente las investigaciones sobre al menos 78 homicidios registrados en los pasados meses de enero y febrero, tras el colapso de una tregua entre facciones armadas rivales.
Human Rights Watch afirma que más de 56.000 personas han sido desplazadas desde enero, y acusa a los combatientes rebeldes de ejecuciones, trabajos forzados y reclutamiento de niños.
Los grupos armados que se disputan el control de la región colombiana del Catatumbo, rica en recursos naturales y fronteriza con Venezuela, están cometiendo graves violaciones de los derechos humanos, según un informe publicado el miércoles por la ONG Human Rights Watch (HRW).
«Nuestras investigaciones apuntan a abusos generalizados contra la gente corriente», declaró Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, más de 56.000 personas han sido desplazadas del Catatumbo desde el 16 de enero, cuando el Ejército de Liberación Nacional, ELN, lanzó una violenta ofensiva para reforzar su control sobre el territorio.
Los investigadores de HRW documentaron cómo el ELN entraba en las aldeas, sacaba a los residentes de sus casas y ejecutaba a los acusados de apoyar a facciones rivales, incluidas las FARC-EMC, un grupo disidente de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
En algunas comunidades, los supervivientes informaron de que habían matado a campesinos delante de sus familiares. Otros denunciaron que las disidencias de las FARC-EMC gestionaban campos de trabajos forzados, donde los acusados de colaborar con el ‘enemigo’ eran obligados a cortar caña de azúcar durante más de 12 horas al día.
Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de HRW, señaló la importancia estratégica de la proximidad del Catatumbo a Venezuela, un corredor clave para el narcotráfico. «Parece que el ELN está tratando de controlar la frontera con Venezuela, en parte debido al tráfico de drogas«, indicó. «Para ello se ha beneficiado durante mucho tiempo de la complicidad de las fuerzas de seguridad venezolanas».
El informe de HRW se basa en entrevistas con 65 personas, entre residentes desplazados, trabajadores humanitarios y funcionarios judiciales. El grupo de derechos humanos ha pedido a la Fiscalía General de Colombia que aumente el número de fiscales e investigadores asignados al Catatumbo, y que les proporcione protección y medidas de seguridad adecuadas
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