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El Distrito y el INDER, reconocidos como víctimas en escandaloso caso de corrupción por más de $3.500 millones
El Juzgado 28 Penal del Circuito de Medellín ha reconocido formalmente a la Alcaldía de Medellín, al Instituto de Deportes y Recreación (INDER) y a la empresa Metroparques como víctimas dentro de un proceso judicial que involucra a exfuncionarios públicos de la alcaldía de Quintero y a un contratista privado, acusados por presuntos actos de corrupción que generaron un detrimento patrimonial superior a los $3.500 millones.
La decisión se dio durante la audiencia de formulación de acusación contra la exdirectora del INDER Diana Toro (Foto), los exgerentes de Metroparques Jorge Enrique Liévano (Foto) y María Eugenia Domínguez (foto), y el representante legal de la empresa CYAN Eventos y Logística S.A.S., Mauricio Jaramillo Botero.
Según la Fiscalía General de la Nación, los implicados habrían manipulado y fraccionado la contratación pública para evadir los controles de ley, beneficiar de manera indebida a un proveedor y permitir el pago de bienes con sobrecostos injustificados. Solo en elementos como uniformes, balones y medallas, se identificaron sobrecostos por más de $3.700 millones, lo que constituye el núcleo del delito de peculado por apropiación agravado.
Contratos ilegales y direccionamiento
El inicio del entramado fue el contrato interadministrativo N.º 6700013390 de 2020, firmado entre el INDER y Metroparques, por más de $21.800 millones, sin cumplir los requisitos legales mínimos exigidos por el Decreto 1082 de 2015. A este contrato se le hicieron siete modificaciones, extendiendo su valor hasta $24.200 millones sin sustento técnico ni estudios de mercado.
Posteriormente, Metroparques celebró el contrato 20201300728 con la firma CYAN Eventos y Logística, seleccionado a través de una cuestionada invitación privada que limitó la pluralidad de oferentes, exigió condiciones arbitrarias de experiencia, otorgó solo un día para presentar ofertas y culminó con una selección sin propuestas económicas claras. La empresa beneficiada no contaba con la capacidad logística y terminó subcontratando organizaciones sociales, generando una cadena de intermediación que elevó aún más los costos.
Recursos públicos, apropiación privada
Durante la ejecución de los contratos (2020–2022), la Fiscalía determinó que los tres exfuncionarios y el contratista privado se apropiaron indebidamente de recursos públicos de Presupuesto Participativo por las siguientes sumas:
Diana Toro: $1.999 millones
Jorge Liévano: $1.999 millones
María Eugenia Domínguez: $3.705 millones
Mauricio Jaramillo (CYAN Eventos): $3.705 millones
Una red de corrupción bajo investigación
Este nuevo escándalo se suma al ya conocido caso de Aguas Vivas, y deja en evidencia lo que parece ser una estructura sistemática de corrupción durante la administración del exalcalde Daniel Quintero, hoy investigado en múltiples procesos judiciales.
La audiencia fue suspendida y se retomará el próximo 14 de agosto a las 2:00 p.m., cuando continuarán las intervenciones de las partes.
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