Fiscalía admite denuncia penal contra la canción «+57»

Por Iván de J. Guzmán López 

Luego de casi un mes de haberse lanzado la canción +57, saludamos la reciente decisión de la Fiscalía General de la Nación de admitir la denuncia penal interpuesta por el Centro Internacional de Defensa Jurídica (CINDEJ), en contra de los intérpretes y creadores de dicha canción.

 El hecho señala un valioso punto de partida en la lucha por preservar los valores sociales y proteger de mensajes incitadores a conductas y comportamientos dañinos, especialmente a las poblaciones más vulnerables de Colombia, esa población que es azotada a diario y sin misericordia por mensajes que socavan nuestras bases históricas en materia musical y de valores. Sin duda, la denuncia penal se constituye en un gigantesco y rotundo hito en la necesaria defensa de la otrora hermosa y edificante cultura de Colombia.

El caso pone bajo la lupa, no solo a la industria musical, sino también al impacto de sus mensajes, en una sociedad plagada de desafíos estructurales como el consumo de drogas, la explotación sexual, la agresión a nuestras mujeres y la descomposición moral entre buena parte de la juventud y de nuestra clase política.

En la denuncia, interpuesta por el abogado y defensor de derechos humanos Edgar Castañeda, se puede ver claramente el aprecio que el jurista tiene por los artistas que compusieron la canción, en especial por la intérprete antioqueña Carol G, pues es claro en advertir, en la citada denuncia, que: “amor no quita conocimiento”, y por ello es que expone los riesgos asociados a la difusión masiva de +57.

El fundamento de la denuncia se sustenta en violaciones a la Ley 30 de 1986 (Estatuto Nacional de Estupefacientes) y al Código Penal Colombiano, específicamente en sus artículos 213 y 217A, que penalizan la inducción a la prostitución y la explotación sexual de menores.

Además, la denuncia advierte sobre el posible estímulo al consumo de drogas, una problemática que sigue cobrando víctimas en las ciudades y comunidades más empobrecidas de nuestro amado país.

El debate sobre la libertad de expresión artística y su choque violento con los derechos fundamentales, no es nuevo, pero en el caso de +57, añade un ingrediente de urgencia, dado su contenido y difusión masiva. 

¿Dónde trazamos la línea entre la creatividad, el arte y la belleza, por un lado, y la clara apología al delito, por otro? 

Como señala la denuncia, y nos advierte una excelente producción cinematográfica: “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. El arte masivo, especialmente en esta época de hiperconectividad, tiene un impacto profundo en la construcción o derrumbe de valores, en especial entre los jóvenes, siempre vulnerables y en medio de manifestaciones y comportamientos delictivos por parte de una sociedad con síntomas graves de descomposición; por ello, la denuncia subraya la necesidad de poner el bienestar colectivo por encima de los intereses individuales.

El caso de +57 no solo pone en la mira a los artistas, sino también al medio musical y a una sociedad que permite la normalización de contenidos que, lejos de educar, perpetúan problemáticas graves que socavan la sociedad.

Las palabras y mensajes escuchados en redes sociales y expresados por algunos intérpretes como Blessd y Ryan Castro —“si no les gusta, no lo escuchen”— revelan una desconexión preocupante con las consecuencias inmediatas de sus “obras musicales”, en la sociedad.

Este llamado de atención debe extenderse al Gobierno que, en lugar de quedarse en un silencio cómplice, tiene la obligación de establecer regulaciones más estrictas y promover la educación cultural, acorde, sí, al cacareado cuento de “nuestros ancestros”. Como nación, no podemos seguir permitiendo que las plataformas digitales sean el único filtro entre lo que llega a las audiencias y lo que queda permitido.

El rechazo público hacia +57 es un reflejo de una sociedad que dice “basta” a los mensajes que romantizan o trivializan problemáticas tan profundas como el abuso y el consumo de drogas. Es por esto que, considero, el Centro Internacional de Defensa Jurídica y la Fiscalía General de la Nación han dado un primer paso fundamental en materia musical y cultural. Ahora, el reto es garantizar que este caso no se quede en el escándalo mediático, sino que derive en una transformación estructural y en las maneras y formas mediante las cuales se permite la difusión y de cómo accedemos, consumimos y valoramos “el arte”.

Esperemos que los artistas no piensen que con haber cambiado la palabra 14 por 18 en la canción, crean que han solucionado las atrocidades y riesgos expuestos con el lanzamiento de la misma.

Colombia merece música que inspire, que eduque y que construya. Nuestros niños, jóvenes y adultos, merecen y necesitan mensajes que empoderen, que les agregue identidad y valores; no que los expongan y condenen.

 Se espera que los artistas, en especial, los colombianos, reflexionen sobre la letra y contenidos de sus próximas composiciones que, atendiendo a sus calidades profesionales y amor por la patria, seguramente serán éxitos musicales, garantizados y esperados.