Familia de Guillermo Gaviria rechaza y protesta por el fallo de la JEP

Declaración Pública de los hijos y hermanos de Guillermo Gaviria Correa ante la publicación del primer fallo de la JEP por el Macrocaso 01(secuestros y desapariciones) de las FARC

Medellín, 17 de septiembre de 2025

Cada integrante de la familia tiene su propia opinión sobre el Acuerdo de Paz y sus derivados como son la Comisión de la Verdad y la JEP, pero todos aceptamos que esas diferencias de opinión no podrían llevar a dividirnos como familia y hemos sabido encontrar acuerdos orientados por el ejemplo de amor de nuestra madre, Adela; de trabajo de nuestro padre, Guillermo; y de Noviolencia de nuestro hermano Guillermo.

Desde el principio del proceso en la JEP fuimos llamados a participar en este Macrocaso como familia víctima del secuestro y asesinato del gobernador de Antioquia y líder de Noviolencia en Colombia, Guillermo Gaviria Correa. Tras cuidadoso análisis y deliberación, tomamos la decisión de no hacerlo porque identificamos vacíos estructurales que no auguraban un buen resultado.

También nos abstuvimos de participar en la audiencia de reconocimiento de responsabilidad por parte de las FARC en Caicedo, en junio de este año, porque en el auto de imputación de la JEP detectamos un desbalanceado, pero claro y sistemático esfuerzo por maquillar o “eufemizar” las conductas punibles de los investigados.

En las 425 páginas del auto, por ejemplo, sólo se usa una vez la palabra “aterrorizar” y esta mención se hace en relación con acciones paramilitares. Al terror generado por las FARC el auto lo llama control social y territorial, para no caer en el apelativo de terroristas a las FARC. Esta manipulación de la realidad no es algo simplemente discursivo. Genera realidades que conducen a valoraciones incorrectas de los hechos. En nuestro caso particular, no aceptamos la versión manida de que las acciones de la guerrilla obedecieron a un plan para engañar y secuestrar al Gobernador de Antioquia y tenerlo como un “canjeable”. A pesar de ser esto ya un crimen de guerra y lesa humanidad abominable, no le hace justicia a la verdad, que es aún más cruel. Las Farc no tenían ningún plan específico para secuestrar al Gobernador de Antioquia; lo que sí planeaban y ejecutaban constantemente eran acciones para aterrorizar a las poblaciones y en ese contexto, pisotearon hasta el acto más valiente y generoso que se les ofreció en toda su historia de guerra, como lo fue la Marcha de Noviolencia y Reconciliación con Caicedo. Una marcha en la que más de 1000 caminantes, durante 5 días, repetían paso tras paso, que su voz no se alzaba contra los violentos, sino contra los actos violentos de todo origen.

Tampoco es aceptable que los victimarios se escuden, y el auto de imputación parezca recibirlo como un atenuante de su conducta, en que actuaban en medio de la barbarie de los tiempos, para disminuir su culpabilidad.  No es posible que no supieran exactamente lo que estaban haciendo, cuando sostuvieron este ataque a la Noviolencia por más de un año. Tenían la clara pretensión de quebrar las voces más fuertes, los pasos más firmes que se han dado en Colombia por la Noviolencia. Se oculta así a la Historia, a las nuevas generaciones y al movimiento global y colombiano de Noviolencia, la justa apreciación y comprensión de la magnitud del daño ordenado por el Secretariado General de las Farc y ejecutado por el Bloque Noroccidental de ese grupo. Además de manipulación de la realidad, las verdades de las FARC siguen siendo llenas de “olvidos” y ya en la etapa de la investigación anunciaron que han dicho todo lo que recuerdan. 

Pero si la “verdad” admitida por las Farc no es aceptable, pero era previsible, la “justicia” que ahora ofrece la JEP en su primera sentencia, es aberrante y confirma dolorosamente nuestros temores sobre la forma como los máximos responsables serían relevados de las obligaciones mínimasestablecidas en el Acuerdo de Paz y necesarias para que la nación colombiana pueda creer en el más básico concepto de justicia y paz. 

La Sanción Propia que se menciona en la sentencia no sólo es desproporcionada sino inocua, onerosa para el Estado y contraproducente. A continuación algunas consideraciones que sustentan tal afirmación:

En el macrocaso O1 se contabilizaron 21.396 hechos victimizantes y el comunicado de la JEP autoproclama el fallo como un hito de justicia ante un 92% de impunidad por estos delitos en la Justicia Ordinaria. Fuerte agravio a los fiscales y jueces que ofrendaron sus vidas o su tranquilidad por avanzar en estas investigaciones, algunas de las cuales sí concluyeron en condenas. En el sólo caso de Guillermo y Gilberto, ya había condena y sentencia de 40 años de prisión.  Con el cumplimiento de una sola de las sentencias de la justicia ordinaria, habría más sensación de justicia.

Todas las obligaciones a los máximos responsables son “de medio”; es decir, no se exigen resultados concretos.  Si supuestamente ya en la etapa de investigación dijeron todo lo que sabían y señalaron no recordar más detalles, ¿qué efecto puede tener ordenarles que ayuden a identificar coordenadas donde encontrar personas desaparecidas o minas antipersona? 

Para imponer las sanciones, la JEP consideró, “entre otros aspectos, la compatibilidad del ejercicio político derivada del Acuerdo, la edad promedio de los comparecientes (69 años), sus condiciones de salud física y mental, los proyectos de sanción que ellos mismos presentaron” y señala el comunicado que “Los máximos responsables contarán con las garantías necesarias para cumplir el componente restaurativo de la sanción en condiciones dignas y seguras, como sucede con cualquier procesado en la justicia colombiana”.

Esta declaración no solo aporrea a las víctimas a quienes no se les ha garantizado ni dignidad ni seguridad en sus reclamos, sino que desconoce de manera grave y humillante la cruda realidad de centenares de miles de presos que hoy pagan condenas por delitos muchísimo menos graves que los cometidos por las FARC. También anuncia lo oneroso que será para el Estado poner en escena todas estas “reparaciones simbólicas”.

Para acabar de completar, los “condenados” no pierden sus derechos políticos.  Es decir, que cada acto de “reparación simbólica” podrá convertirse en acto de campaña política financiado por el Estado.

Estas son sólo algunas de las razones que nos obligan, nuevamente a alzar nuestra voz de rechazo y protesta. El sentido de las proporciones está absolutamente ausente en todo el proceso y este es sólo el primero de una serie de fallos. ¿Quién -si de corazón acepta plena responsabilidad sobre los horrores cometidos y narrados en el proceso- no aceptaría una condena más real? 

Todo este proceso se justificó para alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición.  Ya nos referimos a las dos primeras.

Las expectativas de reparación y no repetición, sobre todo para las comunidades que más sufrieron de sus atrocidades, son casi que inexistentes: de los territorios nunca se fue la violencia y ahora son de nuevo cada vez más frecuentes las denuncias y noticias de ataques, asesinatos, secuestros, mujeres víctimas de violencia sexual y jóvenes, niños y niñas sometidos a reclutamiento forzado. 

Este no puede ser el camino que nos lleve a una paz estable y duradera.