@ContraloriaAnt
Seis meses después que un primer juez negara las medidas de aseguramiento que pidió la Fiscalía contra el ya excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña y otros exfuncionarios de dicho ente de control fiscal, por un supuesto entramado de corrupción en dicha Contraloría seccional, este lunes 6 de julio la juez 30 penal del circuito de Medellín, en cumplimiento de funciones de control de garantía, revocó lo decidido por el primer juez, el 42 penal municipal.
En atención a la apelación de la Fiscalía, dictó detención domiciliaria contra Zuluaga Peña, pero ordenó reclusión intramural contra los excontralores auxiliares Gabriel Castaño, Dioner Ortiz y José Hernando Duque.
Como se recuerda, los acusados habían sido detenidos en medio de un impresionante operativo promediando esa anualidad, con ribetes faranduleros o de espectáculo, porque había más cámaras de TV de noticieros regionales que agentes del CTI, quienes tenían órdenes de retener a una decena de funcionarios fiscales y alcaldes, en desarrollo de las investigaciones que apenas empiezan, por presuntos favorecimientos en la realización de auditorías de control fiscal en algunos municipios antioqueños.
En el caso de Sergio Zuluaga, la Fiscalía sigue insistiendo en la compra de una mina en el municipio de San Carlos y su supuesta relación, no demostrada, con el control fiscal, mientras que unas llamadas enredan supuestamente a los otros tres exfuncionarios fiscales, aunque José Hernando Duque ha insistido reiteradamente y ha explicado técnicamente, una y otra vez, que no tiene nada que ver con lo que lo acusa la Fiscalía.
En cuanto a la suerte jurídica del exsubcontralor de Antioquia y quien también estuvo encargado de ese despacho de control fiscal durante 10 meses, Rubén Darío Naranjo, se precisó que su proceso judicial no hace parte del caso en que este lunes la juez 30 penal del circuito resolvió la situación jurídica de las ya mencionadas cuatro personas.
Entre tanto, trascendió que los alcaldes del periodo pasado de Jardín y San Carlos quedaron libres, al tiempo que al alcalde de La Pintada (2016 – 2019) y al exgerente del Hospital de Copacabana los cobijaron con medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria. Mejor dicho, esto apenas empieza. (Con datos de Nacho).
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