29 marzo, 2024

Primicias de la política, empresariales y de la farandula

Estamos satanizando la minería

Claudia Posada

Por Claudia Posada  

Es innegable el potencial de la minería en el desarrollo económico de un país, al igual que sus beneficios en lo social. Tampoco se puede desconocer que sin un marco legal y político propicio, las oportunidades se convierten en desafíos difíciles de superar; y es aquí en donde la explotación criminal – no hablamos de la ilegal pues ésta no siempre es criminal- encuentra espacios para sus intereses de grave perjuicio en todo sentido. 

En países en los que la gobernanza es débil, países en desarrollo como el nuestro, y problemas de tensiones sociales sin resolver, hacen que la extracción de minerales se haga más compleja y no se avance en absoluto para capitalizar las oportunidades que cohabitan con procesos mineros amables con el medio ambiente, proyectos de infraestructura, educación y desde luego la permanente formación técnica, para la inversión en zonas en las que se presentan nuevos y beneficiosos programas. 

Si la sociedad civil, las entidades del sector público, liderazgos individuales y representantes de la academia con vastos conocimientos, concilian intereses de manera conjunta en torno a ventajas y desafíos de la minería responsable, muy seguramente se podría ampliar el espectro de un renglón que en otros países ha alcanzado importantes flujos de inversión para sus fuertes economías.  

Si los acuerdos en ciertas zonas de la geografía colombiana, por ejemplo en Antioquia, concluyen que formal y oficialmente se opte por no permitir exploración y explotación del subsuelo para fines de minería, eso habrá que respetarse; por el contrario, si en cualquier región se pacta buscar en este reglón del desarrollo  – como ya fue propicio en ciertos subregiones y localidades antioqueñas con el acompañamiento de las dependencias afines en el Departamento de Antioquia- se abrirán escenarios en donde cabe la formación, además de la formalización, para la minería ancestral y artesanal, en el marco de la legalidad, el desarrollo sostenible, y a la luz de procesos que evitan riesgos en materia de seguridad para el trabajador minero. 

Colombia es beneficiada en sus suelos con una riqueza increíble en lo que respecta a minerales, de ahí que sea impensable su pobreza, lamentable, justamente en regiones inexploradas, o explotadas  por la  criminalidad -la que obviamente está en el accionar de la ilegalidad- habida cuenta  de la inexistencia de compromisos en los que converjan la legislación ambiental, minera y laboral, a la vez que pactos sociales, locales y acuerdos tanto municipales, como los plasmados en ordenanzas del orden departamental.  

En resumen, tomar conciencia del potencial minero que yace en Colombia, y Antioquia en especial, es vital para resolver problemas de tipo social, de desarrollo sostenible y probablemente, si hay un buen encausamiento de los intereses de las partes, para la superación de conflictos con empresas nacionales e internacionales, que puede incluir la voluntad política para el uso de ayudas extranjeras sin menoscabo del bienestar para los colombianos, y la independencia institucional.