Estadística engañosa

Por Iván de J. Guzmán López

Entre los tiempos más felices de mi vida laboral, debo citar los 24 largos y productivos años de trabajo en una de las cajas de compensación familiar más grandes de Antioquia. Años felices en los cuales las comunidades, sin ningún sesgo político, social o racial, gozaron de nuestros programas y servicios de salud, educación, recreación, bibliotecas, y un ramillete de beneficios sociales, económicos y tecnológicos que fueron fundamentales para el desarrollo de muchos pueblos, veredas y corregimientos antioqueños.

Fueron 24 años en los cuales ejercí, paralelo a la labor empresarial, mi periodismo con absoluta libertad, eso sí, padeciendo a varios alcaldes y dos gobernadores, a quienes mis denuncias no les agradaba mucho, ante asomos evidentes de indelicadezas administrativas. Para entonces no existía la corrupción rampante, descarada y abierta que ahora padecemos a mañana, tarde y noche.

De esa época dorada de las cajas, que gocé hasta que mi ordenador empezó a ocuparse de la desgraciada corrupción que también llegó hasta ellas, en virtud de primar mi deontología periodística sobre el asunto estomacal que tanto arrodilla a colegas, tengo decenas de anécdotas,  unas muy graciosas; otras dolorosas; la mayoría, edificantes, que, andando el tiempo,  permitirán escribir un buen libro, para gozo, solaz, recordación y aprendizaje de aquellos que,  como yo, disfrutamos de esa maravilla que era el Sistema de Compensación Familiar, mismo que debemos a un colombiano ejemplar e inolvidable como lo fue (y lo sigue siendo) el doctor Jaime Sanín Echeverri (1922-2008) gran abogado, escritor y académico antioqueño, autor de textos y novelas hermosas como: Quién dijo miedo (1960), Una mujer de cuatro en conducta (1981) y Jesús el de José (1998), a más que padre de ese ramillete de mujeres ilustres, entre las que figuran las doctoras Noemí y María Estela Sanín Posada.

Una de las más graciosas anécdotas de esa época, que vino al recuerdo con el “ingreso” de 18 mil indígenas a la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, sin examen de admisión y con el visto bueno del rector impuesto por Petro, el señor Leopoldo Múnera y su flamante y vergonzoso ministro de Educación Nacional, el señor Daniel Rojas,  fue aquella en la que un administrador de parque recreativo de mi caja de compensación, hizo arreglos para que una procesión de Semana Santa ingresara al parque recreativo, lo que disparó las estadísticas de asistencia a dicho centro, causando la sensación y envidia de los administradores de los otros parques.

Al poco tiempo, el suceso pasó de la envidia a la burla de otros administradores, empleados en general y conocedores del hecho, al saberse que los asistentes fueron entrados en procesión, ante la urgencia de presentar estadísticas elevadas a la Dirección de la caja. Obviamente, los resultados disciplinarios y administrativos no se hicieron esperar.

Tal cosa fue lo que ocurrió en la marcha del primero de mayo, usada por el gobierno para blandir la espada de Bolívar, amenazar a Colombia y radicar las preguntas peregrinas y amañadas de la mal llamada consulta popular. Se calcula que 18 mil indígenas se tomaron la Universidad, para luego salir a marchar en apoyo al gobierno. Según el portal Infobae, la llegada en camiones (los indígenas de base) y camperos de alta gama (los líderes indígenas), no fue gratuita, y para demostrarlo echa mano de la denuncia del concejal de Bogotá, Daniel Briceño:

“En los últimos 4 meses el Ministerio del Interior de Petro le ha girado 10.000 millones de pesos a la Organización Nacional Indígena – ONIC. Hoy la ONIC está liderando el traslado de la minga a Bogotá para apoyar la politiquería de Petro. Lo de la Universidad Nacional no es gratis”, escribió Briceño en su cuenta de X.

La Onic, por su parte, ha mantenido una activa campaña en redes sociales para invitar a la movilización.

Desde diferentes zonas del país, delegaciones indígenas han iniciado su desplazamiento hacia la capital en el marco de la denominada “gran minga nacional indígena 2025”. El movimiento abarca pueblos provenientes de la Amazonía, los Llanos Orientales, el macizo colombiano, el Caribe, Antioquia, el centro oriente y el occidente colombiano”.

Según el periódico El Tiempo, a la Minga indígena le entran recursos a cuatro manos: “los contratos que el Gobierno Petro les ha entregado a la Onic y al Cric ya suman $405 mil millones”;  Según El Nuevo Siglo, “desde 2022, Petro ha dado $727.000 millones a la minga indígena”. ¡Y no hay dinero para la salud! Y el Icetex desfinanciado.

La procesión que entró a Bogotá y se tomó a la Universidad Nacional para inflar la estadística de la marcha del Primero de Mayo, fue de 18 mil indígenas, sumados a Fecode, que tiene aproximadamente 270.000 maestros afiliados. Así, la asistencia “masiva” de lo que Petro denomina “el pueblo”, convirtió en un circo la justa celebración de los verdaderos trabajadores colombianos, y a la Plaza de Bolívar en el escenario acostumbrado ya para sembrar odio y traer vientos de violencia contra el pueblo colombiano, ¡que somos todos!

En mi Caja de Compensación, la entrada de la procesión al centro recreativo fue dicha y novedad para la comunidad, en su mayoría católica, que la frecuentaba; en la Universidad y en todo Bogotá, la llegada de la minga, cada vez que el gobierno necesita estadísticas de asistencia, fue y es una tortura. El ingreso de la procesión al centro recreativo, con la finalidad de aumentar estadísticas de asistencia, fue la burla de todos, con consecuencias legales y administrativas; la de la Universidad Nacional y la Plaza de Bolívar, no ha tenido ninguna; rector y ministro de educación se pasaron por la faja el derecho al estudio, la autonomía universitaria y la defensa de la universidad; ni siquiera los ilustres representantes y senadores, elegidos por el pueblo, cuestionaron la toma orquestada por el gobierno y pagada por don dinero.

Dicen que en las estadísticas se sostienen algunas tiranías. ¿Será que nos llegó el momento?