En tierras restituidas de El Carmen de Bolívar y Apartadó, habrá proyectos restaurativos

• Favorecen a comparecientes ante la JEP

• La URT y la Jurisdicción Especial para la Paz habilitaron la posibilidad de que los comparecientes demuestren su voluntad de reparación a las víctimas mediante trabajos y obras de restauración ecológica de los ecosistemas que rodean los predios restituidos.

• Tras nueve meses de concertación con comunidades beneficiarias de restitución, en 2025 se desarrollarán dos proyectos piloto en el Urabá antioqueño y Montes de María. Bogotá, 18 de noviembre de 2024 (@URestitucion).

Excombatientes de las Farc-Ep, Fuerza Pública y terceros intervinientes que son investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mejorarán las dimensiones económicas, sociales y ambientales de los proyectos productivos que han sido implementados en predios entregados por la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

La decisión obedece a los resultados alcanzados en el primer año de ejecución del Convenio 903 de 2023, firmado entre la URT y la JEP, tras un ejercicio de concertación con las comunidades beneficiarias de restitución de tierras en zona rural del municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar), tal como las veredas El Cuchillo y La Unión, en zona rural del municipio de Apartadó (Antioquia).

“Si se da la restitución de tierras sin consolidar la paz en los territorios, esta queda en vilo. Con estos procesos restaurativos se genera una capa de blindaje, de tal manera que las víctimas y los victimarios trabajan en los territorios. Los victimarios demuestran a las víctimas y a la JEP su voluntad de reparación, reconocimiento de responsabilidad, su voluntad de verdad y de trabajo para reparar las heridas, al consolidar el Programa Nacional de Pagos por Servicios Ambientales para la Paz”, enfatizó Paula Villa, directora jurídica de la URT.

Actualmente, la Unidad trabaja con el Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) para estructurar el PSA para la Paz, así como con la JEP para consolidar el proceso de sensibilización de las comunidades, con las que se está desarrollando este proyecto piloto de justicia restaurativa en el país.

Para llegar a este momento, la URT, la JEP y el MADS han cruzado bases de datos, mapas con capas de afectación y caracterización territoriales, tal como de condiciones técnicas y de infraestructura institucional, que garanticen un proyecto restaurativo acorde a las necesidades de las comunidades y de los ecosistemas de los cuales dependen.

Por su parte, las víctimas han sido permanentemente consultadas y han manifestado su aval para la implementación de las obras y actividades con contenido restaurador, mediante la modalidad de pago por servicios ambientales (TOAR+PSA).

Finalmente, la URT ha destinado, para 2025, un presupuesto de más de $3.000 millones de pesos para darle sostenibilidad y alcance nacional a esta línea de colaboración institucional para la implementación del quinto punto del Acuerdo de Paz.