En medio territorio colombiano no hay autoridad civil

Por Guillermo Mejía Mejía 

Según el DANE, en el país existen 32 departamentos, 1.101 municipios, 10 distritos, incluido Bogotá, 20 corregimientos departamentales ubicados en la Amazonía o sea que no pertenecen a ningún municipio y8.059 centros poblados que corresponden a caseríos, generalmente ubicados a orillas de las carreteras, corregimientos e inspecciones de policía, distribuidos en 2.070.408 kilómetros cuadrados que tiene Colombia.

Según el mismo DANE, viven en Colombia hoy 51.609.000 personas de las cuales el 23.7 por ciento se ubican en zonas rurales o sea 12.231.333.

La ley 1801 de 2.016, que antes se llamaba, en una forma más sencilla, Código Nacional de Policía y hoy pomposamente Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, fue redactada en Bogotá, seguramente por connotados juristas, pero sus normas son alejadas de la realidad nacional. Es un código para las ciudades y poblaciones de cierto tamaño porque las comunidades rurales, o sea el 23.7 por ciento, no tiene autoridades de policía. 

El puntillazo fatal a los inspectores rurales, corregidores o como se los quiera denominar, se los dio la ley 617/00 que les impuso a los municipios unas cortapisas en materia de gastos que les impide sostener estas oficinas pues para ello se requiere mínimo el local, que seguramente será arrendado, los servicios públicos, el sueldo del inspector y su secretario y la seguridad social, los viáticos de estos funcionarios y la utilería.

La mayoría de las inspecciones que actualmente funcionan están ubicadas en las grandes capitales de departamento y en ciudades intermedias. En los municipios más pequeños solo cuentan con un solo inspector o, a veces, ni eso. Y en los corregimientos y veredas definitivamente son muy pocos los que cuentan con inspector o corregidor.

Antes de la elección popular de alcaldes-Acto Legislativo 1 de 1.986 y ley 78 del mismo año-los inspectores de policía de los corregimientos y veredas los creaban y pagaban los departamentos, pero estos entes se desprendieron de esta obligación y se la dejaron a los municipios hasta que esta, el citado código de policía, se la asignó por completo a estas entidades-parágrafo del artículo 206.

“PARÁGRAFO 2o. Cada alcaldía tendrá el número de inspectores de Policía que el Alcalde considere necesario, para una rápida y cumplida prestación de la función de Policía en el municipio…”

La ausencia de autoridad civil en las áreas rurales, la copan las fuerzas irregulares que son las que resuelven los pequeños pleitos, la convivencia diaria entre vecinos, que generalmente se refieren a linderos, servidumbres, usos del agua, transporte, medio ambiente, disposición de basuras y hasta riñas hogareñas. Los alcaldes solo mandan en las cabeceras y el resto del territorio municipal se encuentra aislado de todo tipo de autoridad legítima nacional, departamental o municipal.

En el caso de Antioquia son 307 corregimientos distribuidos así:

Bajo cauca 29, Magdalena Medio 16, Nordeste 18, Norte 29, Occidente 62, Oriente 33, Occidente 62, Suroeste 42, Urabá 69 y Valle de Aburrá 9.

La ley 2086 de 2021reglamenta las JAL en los corregimientos, pero estos cuerpos colegiados tampoco funcionan pues la fuente de ingresos de la cual se genera la financiación de los honorarios de sus miembros, debe provenir de los ingresos corrientes de libre destinación del respectivo municipio. O sea, letra muerta y fuera de eso las JAL no son autoridades de policía.

Una manera de sostener los inspectores de policía, en forma adecuada, que son la presencia del Estado en todo el territorio nacional, sería a través de un porcentaje del impuesto vehicular que captan los departamentos.

En el departamento de Antioquia, en donde se acaba de suprimir la Gerencia de Corregimientos, una inspección de policía en un corregimiento, puede costar 10 millones de pesos mensuales que por 307 inspecciones valdrían mensualmente 3.070.000.000 de pesos y por año una cifra cercana a los 37.000 millones que equivalen, más o menos, al 6.9 por ciento de lo que se recauda por ese impuesto, unos 533 mil millones al año.

Eso sí, el personal de las inspecciones debe ser de carrera para evitar que se conviertan en los jefes de debate del alcalde de turno y de sus protegidos.

Uno de los elementos esenciales para que se reconozca a un Estado, es que tenga control sobre el territorio. En Colombia el Estado, en muchas veces, ni se asoma a los corregimientos y veredas. Ahí hay otro “Estado” que son las disidencias de la Farc, el ELN, el Clan del Golfo y últimamente el Tren de Aragua.