En la frontera de Venezuela con Colombia, les quitan terrenos a los pobladores para dárselos a guerrilleros

El Apure es un territorio plagado de grupos irregulares y pistas utilizadas por narcotraficantes. La Milicia Bolivariana, aliada del régimen de Nicolás Maduro, opera en la zona a cargo del teniente Miguel Guerrero

Por Sebastián Barráez

La finca Ferady, que está a la entrada de la población de El Nula, estado Apure, fue comprada por la alcaldía mayor del Alto Apure, en la persona del entonces alcalde Jorge Rodríguez Gálviz, padre del Mayor General y ex ministro Miguel Rodríguez Torres, hoy detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y acusado de Traición a la Patria e Instigación a la Rebelión. En esa finca se hizo el urbanismo «Colonias de San Camilo», quedando asignados a pobladores de la zona cerca de mil lotes, divididos en terrenos de 12×20.

Al Complejo Ferial se le donaron terrenos para la Manga de Coleo, para los galpones a utilizarse para las Ferias y Fiestas de la población, para actos culturales, educativos y religiosos. Pero los terrenos adyacentes a ese complejo fueron donados legalmente por el Instituto de la Vivienda del Alto Apure. (foto en el texto).

A los dueños de esos terrenos 12×20, que tienen sus documentos de propiedad dados por la Alcaldía, se los han ido quitando. (Lea el informe).

Guerrilla colombiana amenaza de muerte a opositores al régimen de Nicolás Maduro

Por Antonio María Delgado

El Nuevo Herald

Hogares de dirigentes opuestos al régimen de Nicolás Maduro, en el fronterizo estado Táchira, están siendo marcados a media noche por el colombiano Ejército de Liberación Nacional, que al pintar en rojo las tres letras de sus siglas designan a los residentes de las viviendas como “objetivos políticos” de la organización guerrillera.

“La muerte la tienen cerca y no descansaremos hasta liberar a Venezuela y a la revolución”, declaró el autodenominado Frente Gustavo Villamizar del ELN en un panfleto dejado en una de las residencias que amanecieron el miércoles marcadas.

Las designaciones son vistas como una amenaza a la integridad física de dirigentes electos por el pueblo y una obvia manifestación de que la organización guerrillera opera con total impunidad en Venezuela bajo la mirada complaciente del régimen. (Lea el informe).