Por Francisco Valderrama
La contingencia de Hidroituango fue instrumentada para derivar dividendos políticos. Sobre un hecho doloroso, cuya gravedad no se puede soslayar, cimentó su campaña a la alcaldía un vagabundo ideológico como el señor Daniel Quintero. Una ocasional confluencia de mentes retorcidas como las del propio Quintero, Néstor Humberto Martínez, ex Fiscal General y personajes deleznables como Carlos Felipe Córdoba, entonces Contralor de la República y hoy serio aspirante a Procurador General, entre otros de igual jaez, convirtieron una tragedia de la naturaleza en trampolín de sus sucios intereses políticos y económicos. Lo hicieron con EPM como campo de batalla, con consecuencias irrecuperables en materia de reputación institucional, por las cuales deberían responder. De paso, lesionaron la honra de funcionarios rectos y transparentes, como Luis Guillermo Gómez y Luis Javier Vélez, cuya gestión siempre estuvo orientada a defender el patrimonio público.
Hoy el Tribunal Administrativo de Antioquía ha fallado en el sentido que no hubo ninguna irregularidad en la actuación de los citados funcionarios y sus nombres han sido reivindicados.
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