Elucubraciones: Sentencias, en política 

Por Eduardo Aristizábal Peláez 

Las decisiones de las altas cortes, órganos de control, Ministerio público y organismos autónomos independientes, entre otros, tienen un impacto significativo en la política de un país y, aunque su función principal es interpretar y aplicar la ley, generan controversia y críticas lógicas cuando se percibe que sus decisiones tienen un sesgo político.

Cuando estos organismos se entrometen en asuntos políticos en lugar de limitarse a cuestiones estrictamente legales, generan tensiones y desafíos en el funcionamiento del sistema político.

Las decisiones de las altas cortes u organismos autónomos independientes pueden exacerbar las divisiones políticas y sociales, especialmente si se percibe que están tomando partido por una ideología o grupo específico. Incluso pueden interferir en la política, restringiendo la capacidad de los poderes ejecutivo y legislativo para tomar decisiones, como lo estamos percibiendo actualmente en el país.

Este tipo de decisiones generan desequilibrio en la tradicional separación de poderes judicial, legislativo y ejecutivo y socava la fe pública en la independencia y la imparcialidad del poder judicial, lo que potencialmente lleva a una pérdida de legitimidad de los mencionados organismos.

Es crucial que las altas cortes y demás organismos en comento mantengan un enfoque legal y se abstengan de involucrarse en asuntos políticos, de manera que preserven su integridad personal y eviten el riesgo de generar conflictos institucionales, que ya se están volviendo comunes. 

La profunda crisis del sistema jurídico colombiano exige soluciones inmediatas, pues una de sus causas principales es la íntima relación entre muchos agentes de la justicia y los políticos. La independencia práctica del poder judicial surge cuando los magistrados, en sus decisiones, se distancian ideológicamente de la clase política institucionalizada.

La corrupción es un fenómeno que afecta social y económicamente a un Estado, que desarrollan personas pertenecientes al sector público y privado, generando desconfianza en las instituciones que lo conforman, debilitando su legitimidad y poniendo en peligro la tranquilidad del país.

Esta columna se refiere a  corrupción en servidores públicos de la Rama Judicial, las altas cortes, órganos de control, Ministerios públicos  y organismos autónomos independientes, entre otros,  teniendo en cuenta que en los últimos años la administración de Justicia ha dado a conocer casos de funcionarios, específicamente Magistrados, que han abusado del poder encomendado para el beneficio propio, cuyas conductas corruptas son percibidas por la sociedad y en muchas ocasiones aceptadas por algunos, como algo normal, afectando la legitimidad del Estado y la credibilidad en el Poder Judicial: Cortes, Juzgados, Tribunales, Fiscalía, entre otros.

Lo más preocupante es el bajo porcentaje de conclusión de procesos y penalización de las conductas corruptas, que permite a los delincuentes, encontrar condiciones propicias para reiterar sus actuaciones dolosas, agravando la crisis institucional por la que atraviesa el poder judicial y convirtiendo la corrupción, además de un suculento negocio, en un tema de gran preocupación.

La administración de justicia cuenta con acceso a la información privilegiada, que facilita la multiplicación de la corrupción y hacen que la probabilidad de detección y penalización de sus conductas corruptas disminuya de manera significativa.

La crisis del sistema jurídico colombiano exige soluciones inmediatas, pues una de sus causas es la familiar relación entre muchos agentes de la justicia y los políticos, en contravía de la independencia práctica que surge cuando los magistrados en sus decisiones se distancian ideológicamente de la clase política institucionalizada. 

Todo lo anterior, refuerza la idea que últimamente se ha venido ventilando en Colombia y en otros países, de cambiar el sistema de elección, de este tipo de servidores públicos, para evitar que terminen actuando en causa propia, en detrimento de la justicia y del país.