Por Eduardo Aristizábal Peláez
Hace 29 años, un 23 de enero de 2007, falleció en Varsovia uno de los grandes maestros del periodísmo: Ryszard Kapuscinski. Nacido en Pinsk, Bielorrusia —territorio que entonces pertenecía a Polonia— el 4 de marzo de 1932, Kapuscinski dejó una sentencia que sigue retumbando en las redacciones del mundo: “Las malas personas no pueden ser buenos periodistas”.
En uno de sus aniversarios, el diario El País de España publicó un artículo con diez reflexiones sobre la profesión. Allí, Kapuscinski advertía que el periodismo había dejado de ser un estilo de vida para convertirse en un oficio transitorio. La revolución tecnológica, decía, dio origen a una nueva categoría de comunicadores: los llamados “media workers”. A diferencia de los periodistas de antaño, que asumían su labor como vocación y destino, estos trabajadores de medios carecen de identidad profesional, saltan de un empleo a otro y rara vez enfrentan dilemas éticos o exigencias de rigor.
La expresión “media worker”, que en inglés se traduce literalmente como “trabajador de medios”, puede interpretarse en nuestro contexto como “trabajador de calle”: figuras que pululan en ruedas de prensa, emisoras comunitarias o espacios digitales, sin formación sólida ni compromiso con la esencia del periodismo.
En Colombia, esta categoría ha proliferado. Los medios, junto a los periodistas profesionales, han abierto sus puertas a individuos que se presentan como comunicadores sin serlo. Se mimetizan entre los verdaderos reporteros, mercantilizan la información y, cuando no logran acceder a plataformas serias, crean sus propios nichos en la nube, aprovechando la facilidad de la comunicación digital.
Su presencia en las ruedas de prensa es constante. Para ellos, más que la información, lo importante son las relaciones públicas y las oportunidades de negocio. Preguntan sin relevancia, solo para dejar constancia de su asistencia, y lo primero que buscan es la hoja de firmas que algunas entidades públicas han institucionalizado. En su lógica, ser “periodista” les otorga el derecho automático a recibir pauta oficial, y cuando no la obtienen, recurren a presiones políticas de concejales, diputados o congresistas que actúan como sus padrinos.
La pregunta es inevitable: ¿cuándo veremos a los ejecutivos del sector público establecer reglas claras que devuelvan orden y seriedad al ejercicio periodístico? ¿Quién tiene derecho a acreditarse como periodista, a recibir comunicados oficiales y a participar en ruedas de prensa?
La Corte Constitucional, en su jurisprudencia de 1998, eliminó la calificación profesional del periodismo, pese a la oposición de universidades y organismos estatales. Sin embargo, nada impide que las instituciones públicas y privadas elaboren sus propios directorios, distingan a los verdaderos profesionales y pongan fin a estas francachelas que degradan la credibilidad del oficio.
Quizá haya llegado el momento de que los actuales magistrados revisen aquella decisión. No para restringir la libertad de expresión, sino para rescatar la dignidad de una profesión que, como decía Kapuscinski, exige ética, vocación y humanidad. Porque sin periodistas auténticos, el periodismo corre el riesgo de convertirse en un simple mercado de voces, donde los “media workers” reemplazan la verdad por conveniencia.


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