Elucubraciones: Idoneidad, veracidad y responsabilidad

Por Eduardo Aristizábal Peláez 

Los medios de comunicación masivos juegan un papel fundamental en cualquier sociedad, ya que la información y la opinión que transmiten aportan un valor incalculable a la educación y la cultura. Por ello, la intervención del Estado en los diferentes medios es vital para garantizar la idoneidad, veracidad e imparcialidad de los mensajes que se difunden. Al mismo tiempo, es evidente que los medios de comunicación deben asumir la responsabilidad de vigilar y controlar el ejercicio del poder público, asegurándose de estar preparados para informar sobre temas de interés general.

Desafortunadamente hemos llegado a escandalosos niveles de manipulación de la información en medios masivos de comunicación, no solamente en los tradicionales, creados por egregios paladines del periodismo, sino también en los medios virtuales a los cuales tienen libre acceso, hasta los más ignorantes.

El Estado tiene la obligación de ser responsable y custodiar principios fundamentales sin restringir la libertad de información. En lugar de ello, debe fomentar un periodismo serio y responsable, mientras que los medios deben implementar sus propios controles para perseguir la verdad por encima de cualquier interés.

Los medios tradicionales, todos nacidos en el siglo pasado, han pasado de ser servidores de la comunidad, a convertirse prácticamente en agencias políticas, llegando a transformarse en plataformas para el lanzamiento de sus propios candidatos.

En el ámbito virtual, cualquier persona puede autodenominarse periodista y actuar como tal, convirtiéndose en maestros de la falacia, los sofismas e incluso la mentira.

Ya no se comunica información general de interés común, sino aquello que es conveniente para intereses individuales o de grupos específicos. Se ignoran asuntos trascendentales a menos que beneficien a quienes los publican

La libertad de expresión está consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, que garantiza a cada persona el derecho a expresar y difundir sus pensamientos y opiniones. La Corte Constitucional, en la sentencia C-650 de 2003, clarificó el alcance del derecho fundamental a la libertad de expresión, puntualizando la función de la libertad de prensa y su contenido.

La libertad de prensa permite la difusión de información de diversas naturalezas sin censura, brindando al receptor la oportunidad de formarse su propio criterio. Sin embargo, existe una desconexión entre lo que es constitucionalmente establecido y la realidad material

El Estado colombiano debe adoptar criterios de idoneidad, veracidad y responsabilidad para actuar en los medios. Sin embargo, estos atributos son frecuentemente ignorados, ya que muchos medios de comunicación contratan a cualquier persona como periodista, sin que esto infrinja alguna norma, que como lógica consecuencia puede ofrecer un servicio de baja calidad a la sociedad.

El periodismo independiente, en su forma más básica, se ha incrementado, y cualquier comerciante puede asumir el rol de periodista. La pregunta es si el Estado impone algún control para asegurarse de que los periodistas tengan la formación y educación necesarias para construir discursos serios y veraces, de modo que los receptores —lectores, oyentes y televidentes— reciban mensajes imparciales, tal como establece el artículo 20 de la Constitución.

Con el vertiginoso avance de la tecnología, plataformas como el internet han permitido que cualquier persona pueda informar y opinar. Sin embargo, lo problemático es que muchos que no son realmente periodistas se presentan como tales, sin tener conocimientos de los principios fundamentales del periodismo, lo que genera confusión en los receptores y convierte a muchos en simples charlatanes.