Por Eduardo Aristizábal Peláez
El decreto presidencial que fija el salario mínimo vital en dos millones de pesos abre un nuevo capítulo en la historia económica y política de Colombia. No es un simple ajuste contable, es un gesto de poder, un pulso ideológico y un experimento económico que nos coloca en el centro de un debate que trasciende fronteras.
La izquierda celebra la medida como un acto de justicia largamente postergado. Para ellos, se trata de devolver dignidad a millones de trabajadores que sobreviven con ingresos insuficientes frente al costo de vida. La derecha, en cambio, la denuncia como populismo económico, un salto al vacío que amenaza con ahogar a las empresas, disparar la informalidad y sembrar inflación.
Pero más allá de la política, el decreto revive una vieja disputa académica. Los seguidores de la Escuela de Chicago advierten que el salario debe reflejar la productividad, y que un aumento desmesurado es una receta para el desempleo. Los keynesianos, por su parte, ven en este incremento un motor de demanda: más ingresos significan más consumo, y más consumo puede significar más crecimiento. Dos visiones irreconciliables que hoy se enfrentan en el escenario colombiano.
Un país con baja productividad y alta informalidad puede ver cómo la medida se convierte en un boomerang. La oportunidad también lo es, un golpe de confianza y poder adquisitivo que dinamice el mercado interno y reduzca brechas sociales.
En el fondo, lo que está en juego no es solo el bolsillo de los trabajadores ni la caja de las empresas, sino el modelo de país que queremos construir. ¿Un país que ajusta sus políticas a la ortodoxia del mercado, o uno que se atreve a desafiarla en nombre de la justicia social?
El salario mínimo vital decretado por Petro es más que una cifra, es un símbolo. Y como todo símbolo, divide, incomoda y obliga a tomar posición. Lo que está por verse es si este salto será recordado como un acto de audacia transformadora o como un alto costo en la historia económica de Colombia.
Los industriales y comerciantes del país ya debían estar haciendo un juico a sus representantes de la ANDI y de Fenalco, por la destemplada actuación en la comisión negociadora del salario mínimo para este año. Tacaron burro, no subieron ni un solo punto de 7 % que plantearon, ante el 16 % que solicitaban los trabajadores. Si lo hubieran aceptado, se hubieran ahorrado el llanto y el crujir de dientes de la gran mayoría de empleadores ahora que enfilan batería contra la decisión del Ejecutivo.
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