Elucubraciones: El Juez, presta servicio a la sociedad

Por Eduardo Aristizábal Peláez 

“Un Buen Juez es independiente e imparcial en el ejercicio de su función, juzga con prudencia, con conocimiento de causa y del derecho, tiene conciencia social y un compromiso personal de formación continuada…” “…no pierde de vista que más que ostentar un cargo con honores presta un servicio a la sociedad y a los ciudadanos en un sistema democrático, lo que es compatible con tener conciencia con la dignidad de su misión”.

Hasta la fecha, la noticia del año puede ser la condena que profirió la justicia colombiana al expresidente Alvaro Uribe Vélez, a través de la Juez 44 Penal de Conocimiento de Bogotá, la tolimense Sandra Liliana Heredia Aranda, por los delitos de fraude procesal y soborno de testigos, en actuación penal, mediante sentencia que se hizo pública el lunes 28 de julio.

La Juez de conocimiento dictó una sentencia en derecho, no en política, sin embargo, ese lunes 28, se inició en el país un, todavía permanente, enfrentamiento verbal y escrito entre tirios y troyanos, que, de haberse hecho en derecho, como fue la sentencia, hubiera sido interesante y hasta edificante, pero ha prevalecido el criterio político y partidista. Lo grave y muy grave, es que varios medios de comunicación que tiene la obligación de informar siempre la verdad y opinar con base en argumentos válidos, no con falacias, ni sofismas, tomaron claramente partido y todavía más grave, cuando acudieron a algunos presuntos especialistas en derecho penal, cuyo discurso en general y lenguaje en particular, desnudaron claramente su ignorancia en las normas del derecho procesal, notándose claramente su interés político, partidista.

Como si fuera poco, se conocieron mensajes incendiarios de políticos extranjeros, manifestando públicamente, que el sistema de justicia colombiano estaba corrompido, inclusive pidiendo sanciones contra nuestro país. ¡Qué horror! La justicia y la política representan dos pilares fundamentales de la democracia contemporánea, aunque su naturaleza y funciones sean esencialmente distintas. Ambas actividades operan dentro del mismo espacio social y político, pero deben mantener una clara separación para garantizar el equilibrio y la supervisión mutua que previenen el abuso de poder.

En el caso de Colombia, la administración de la justicia recae en el poder judicial, que actúa como un árbitro imparcial de las controversias legales y los derechos fundamentales. Las decisiones judiciales, que se plasman en sentencias, deben ser respetadas por todos los actores políticos y sus partidarios. La aceptación y el acatamiento de estas decisiones son vitales para el funcionamiento saludable de la democracia. Criticar públicamente las sentencias puede socavar la independencia del poder judicial y poner en riesgo la integridad del sistema democrático. Es importante destacar que los políticos y sus seguidores tienen el derecho legítimo de recurrir las decisiones que consideren injustas, utilizando los mecanismos legales previstos. Sin embargo, este derecho no debe traducirse en un cuestionamiento público de la legitimidad de las sentencias, ya que esto podría erosionar la confianza pública en el sistema judicial.

La premisa «Dura lex, sed lex» – La ley es dura, pero es la ley- refleja la posición inquebrantable de que el derecho debe ser respetado. Respaldar la independencia judicial no solo resalta la vigencia de la ley, sino que también reafirma el compromiso de la sociedad con la justicia, el respeto a los procesos democráticos y la protección de los derechos de todos los ciudadanos. En este sentido, la justicia y la política deben coexistir en una relación armónica, donde cada una respete los límites de la otra, contribuyendo así a un entorno democrático más robusto y equitativo.