Elucubraciones: Dignidad

Por Eduardo Aristizábal Peláez 

“Las cosas tiene un precio y estas pueden estar a la venta, pero la gente tiene dignidad, la cual es invaluable y vale mucho más que las cosas”. PAPA FRANCISCO.

La dignidad humana no es un lujo ni una concesión, es el núcleo mismo de nuestra condición como personas. Es absoluta, inherente, y constituye el fundamento de los derechos fundamentales. Sin ella, la vida se reduce a mera supervivencia; con ella, la existencia se convierte en un proyecto pleno, donde se reconocen los derechos y se valora la presencia de cada individuo en lo afectivo, lo profesional y lo comunitario.

La Constitución Política de Colombia la proclama desde su primer artículo: somos un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana. El derecho penal y el Código de Procedimiento penal lo reiteran, recordando que toda actuación debe estar impregnada de ese principio. La Corte Constitucional, en sentencias como la C‑143 de 2015, ha insistido en que la dignidad es límite infranqueable al poder punitivo: ninguna autoridad puede degradar, torturar o deshumanizar.

Pero la realidad contradice la norma. El hacinamiento carcelario, que supera el 50 %, es una afrenta cotidiana contra la dignidad. Las cárceles se han convertido en espacios de exclusión y sufrimiento, donde los derechos se evaporan y el Estado se muestra como violador sistemático de su propia Constitución. Los informes del Ministerio Público lo confirman, y las recomendaciones de la Comisión Asesora de Política Criminal, como la de rechazar la prisión perpetua, son ignoradas en medio de la indiferencia política.

Los gobernantes y candidatos prefieren callar, los condenados no votan y por eso sus vidas no figuran en los programas de campaña. Esta omisión revela una democracia incompleta, que olvida que la dignidad no se extingue con la condena.

La dignidad humana es, en última instancia, la medida de nuestra civilización. No basta con invocarla en discursos o inscribirla en leyes; hay que garantizarla en la práctica, incluso y sobre todo, en los lugares donde la sociedad prefiere no mirar. Una nación que tolera cárceles indignas, que normaliza el hacinamiento y que convierte la pena en castigo cruel, traiciona el pacto social y erosiona su legitimidad.

La dignidad no es un concepto abstracto, es el espejo en el que se refleja quiénes somos como país. Y hoy, ese espejo nos devuelve una imagen incómoda, que exige ser transformada.

La dignidad humana no admite excepciones ni condiciones. Sin embargo, en Colombia los condenados son invisibles para la política, no porque hayan perdido su humanidad, sino porque el sistema les ha negado el derecho al voto. Esa exclusión se traduce en indiferencia. Gobernadores y alcaldes no destinan recursos para mejorar las cárceles, y los candidatos jamás mencionan el hacinamiento en sus programas, menos, los congresistas. La democracia se reduce entonces a un cálculo electoral, donde la dignidad pesa menos que los votos.

El verdadero horror no está solo en las celdas abarrotadas, sino en la lógica perversa de un Estado que decide quién merece atención según su capacidad de sufragar. Mientras los condenados sigan siendo ciudadanos de segunda categoría, la política seguirá ignorando su realidad. Y un país que mide la dignidad en votos, y no en humanidad, está condenado a traicionar su propia Constitución.