Por Eduardo Aristizábal Peláez
El artículo 191 de nuestra Constitución Política de Colombia establece que, para ser Presidente de la República, se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años.
Hablando en términos sencillos, debemos reconocer que hay más requisitos para ser mensajero en una farmacia —donde al menos se exige haber terminado el bachillerato— que para ocupar la presidencia de Colombia. Sin embargo, esa es la «justa y equitativa democracia» que permite a todos los colombianos aspirar a dicho cargo.
Además, dado que las condiciones no obligan a saber leer y escribir, tampoco se exige un conocimiento básico de la Constitución. El Presidente, como Suprema Autoridad Administrativa, no necesita estar informado de que el Proceso Administrativo implica planear, organizar, ejecutar y controlar. La verdad es que el artículo 191 de la Constitución me comienza a parecerse a una forma de publicidad engañosa.
En nuestro país, bajo la bandera de la democracia, se engaña a muchos ingenuos. Hasta este punto, todo puede parecer un chiste o, al menos, una simple exageración, porque sabemos que en la práctica, la carrera hacia la Primera Magistratura de la Nación suele ser compleja y tortuosa.
Lo anterior nos ayuda a entender por qué las entidades del Estado son tan mal administradas. Los políticos, que asumen el rol de administradores públicos, son a menudo personas con conocimientos limitados sobre la función pública. Sin embargo, son hábiles y, en ocasiones, astutos para aprovechar la ignorancia del pueblo, respaldados por empresarios adinerados que, mediante robustas campañas publicitarias —que, en este caso, se podrían calificar de propaganda— logran captar los votos de los electores. No obstante, también existen excelentes excepciones.
Es imperativo para una ciudad, un departamento o un país contar con personas cualificadas que, al menos, sepan manejar el erario público. Sin embargo, la política permite que cualquier individuo sea gerente de un municipio, un departamento o del país. Hay más requisitos para acceder a otros cargos, como demostrar una formación profesional, lo cual está bien, pero para los cargos de elección popular se elige a cualquier persona. Solo hay que revisar la lista de concejales de su municipio, la asamblea del departamento o la del Congreso.
Si en la Rama Judicial y en algunos sectores de la Administración Pública se utilizan concursos para la selección y ascenso de los cargos, ¿por qué no implementar un sistema de selección previa que sea serio y científico? Es evidente que los partidos o movimientos políticos avalan a candidatos que no cumplen con los requisitos, y no hay sanciones; simplemente, no pasa nada, mientras todos se ríen de la situación.
Lo más extraño es que los políticos serios e idóneos permanecen en silencio y nunca se pronuncian sobre estos hechos. Como resultado, también reciben ataques injustos, ya que el ciudadano común suele hacer falsas generalizaciones sobre todos los políticos.
Es necesario reflexionar y mejorar los sistemas de nombramiento y elección popular, así como educar a los electores.
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