Elucubraciones: Control legítimo y activismo judicial

Por Eduardo Aristizábal Peláez 

La justicia es, por definición, el árbitro imparcial de la democracia. Su misión es garantizar que la Constitución y la ley prevalezcan sobre intereses particulares o coyunturas políticas. Sin embargo, en Colombia asistimos a un fenómeno inquietante, jueces y magistrados que, en sus decisiones, parecen actuar más como actores políticos que como intérpretes del derecho. Este desliz amenaza la independencia judicial y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.

El principio de separación de poderes es categórico, el Ejecutivo gobierna, el Legislativo legisla y el Judicial controla en derecho. La arquitectura institucional diseñada por la Constitución de 1991 buscó precisamente blindar la independencia de cada rama, evitando que una se impusiera sobre las demás. Pero en los últimos años, y con mayor intensidad en el actual gobierno, las decisiones judiciales han sido percibidas como ideológicas, más que jurídicas.

Cuando las sentencias se leen como pronunciamientos políticos, se abre la puerta a la judicialización de la política. En lugar de ser garantes de la ley, los tribunales corren el riesgo de convertirse en protagonistas de la arena partidista, debilitando el equilibrio institucional que sostiene al Estado de Derecho.

 ¿Estamos frente a un legítimo control constitucional o ante un activismo judicial disfrazado? La línea es delgada, pero crucial. Declarar inconstitucional una medida del Ejecutivo es deber de los jueces cuando vulnera derechos, hacerlo con argumentos que parecen más ideológicos que jurídicos, en cambio, mina la legitimidad del sistema y debilita la democracia.

El control judicial es indispensable, sin él, el Ejecutivo podría actuar sin límites, poniendo en riesgo las libertades ciudadanas. Pero cuando ese control se percibe como selectivo, parcial o motivado por intereses políticos, se convierte en un factor de desconfianza. La justicia pierde su imagen de imparcialidad y se transforma en un escenario más de confrontación.

La politización de la justicia tiene consecuencias profundas. Los ciudadanos comienzan a ver a los jueces como actores políticos, no como intérpretes de la ley, las decisiones del gobierno se ven constantemente frenadas o anuladas, generando parálisis institucional. Cada fallo judicial se interpreta como una victoria o derrota política, alimentando la división ciudadana, cuando la justicia se percibe como parcial, se debilita el principio fundamental de que todos los ciudadanos están sometidos a la misma ley.

Colombia, enfrenta un escenario particularmente delicado; un Ejecutivo que busca avanzar en reformas estructurales y un Judicial que, en ocasiones, parece actuar como contrapeso político más que jurídico. El resultado es un choque permanente que amenaza la gobernabilidad.

La independencia judicial no es un lujo, es la condición indispensable para que el Estado de Derecho sobreviva. Los jueces deben hablar en derecho, no en política. Su legitimidad proviene de la imparcialidad, de la capacidad de aplicar la ley sin atender a coyunturas partidistas.

Colombia necesita recuperar la confianza en sus instituciones. Para ello, es fundamental que el Judicial retome su papel de garante jurídico, que el Ejecutivo respete las decisiones judiciales y que el Legislativo asuma su responsabilidad de debatir y resolver los grandes temas nacionales.

La justicia no puede convertirse en política. Cuando lo hace, deja de ser árbitro y se convierte en jugador. Y en ese escenario, la democracia pierde. Colombia requiere jueces que hablen en derecho, que decidan con fundamento jurídico y que mantengan la independencia que la Constitución les otorga. Solo así la justicia seguirá siendo el pilar de nuestra institucionalidad y no un escenario más de confrontación partidista.