29 marzo, 2024

Primicias de la política, empresariales y de la farandula

El verbo renunciar

Guillermo Mejia Mejia

@QuinteroDaniel @Mabel_lopez5

Por Guillermo Mejía Mejía

El 1° de marzo de 1.988, en las horas de la noche, dos “militares” de las FAC entraron a la base aérea de Catam, adyacente al aeropuerto El Dorado en Bogotá y luego de dar órdenes al soldado que custodiaba una aeronave, decomisada al narcotráfico hacía poco en el aeropuerto Matecaña de Pereira, la abordaron, prendieron sus motores y despegaron en medio de disparos lejanos cuando los guardias se dieron cuenta de que los pilotos no eran militares adscritos a la fuerza aérea colombiana.

Avisado el comando aéreo de la base de Palanquero, tres aviones de combate de la FAC, emprendieron la persecución del avión robado que durante dos horas, por problemas de radar ya que volaba a baja altura, persiguieron la aeronave del narcotráfico hasta que los falsos militares no tuvieron más opción que aterrizar en una pista aledaña a la Hacienda Nápoles de Pablo Escobar.

Esa finca resultó pertenecer al señor José Libardo Gutiérrez Márquez, quien la había adquirido meses antes por compra a María Victoria Henao, esposa de Escobar.

Pero resulta que José Libardo era hermano de Alfredo Gutiérrez Márquez, a la sazón Procurador General de la Nación, quien asumió el cargo luego del asesinato del titular Carlos Mauro Hoyos Jiménez, en su carácter de Viceprocurador, como lo ordenaba la Constitución de la época.

Cuando Alfredo se dio cuenta del escándalo que se armó por el robo del avión y del aterrizaje forzoso en la finca de su hermano, no lo dudó un minuto y se fue a palacio y personalmente entregó su renuncia al presidente Virgilio Barco que si bien elogió la entereza y rectitud de Gutiérrez Márquez y manifestó que la responsabilidad penal es personal y no familiar, admitió de inmediato la renuncia.

La renuncia debe ser un instrumento que debe tener el funcionario público a la mano para entregarla cuando las circunstancias de la administración así lo exijan. De ningún modo se vería bien un procurador con un hermano narcotraficante.

Si bien la renuncia de Gutiérrez Márquez se debió a hechos muy graves hay otras que también deben ser presentadas para no causarle a la administración un desgaste innecesario frente a la opinión pública cuando se sospecha de un acto de corrupción, por ejemplo, o de un error grave cometido por impericia o por imprudencia.

El caso de la contratación de un hotel de cinco estrellas por parte de Telemedellín con el fin de confinar a sus empleados durante la cuarentena, por valor de 200 millones de pesos, es afrentoso ante la opinión pública y no puede ser visto como aislado de la administración municipal.

Ese canal es el vehículo informativo que tiene el municipio para orientar a la audiencia de la ciudad.

Su gerente, que se supone debe estar integrada al equipo del alcalde y conocer su filosofía de gobierno, simplemente lo ignoró y motu proprio decidió celebrar un contrato a todas luces aberrante y ofensivo para la ciudad y el país y sus gentes más necesitadas.

Fue necesario que el propio alcalde desautorizara a su subalterna y que las redes sociales, los periódicos, revistas y noticieros nacionales destaparan el entuerto y comenzaran a formular preguntas muy incómodas para una administración: ¿Cuál fue el criterio para escoger a ese hotel y no otro? ¿Hubo proceso licitatorio o por lo menos se pidieron cotizaciones a otros de la misma categoría?  ¿A cuál rubro presupuestal se iba a imputar el gasto? ¿Si el contrato fue efectivamente suscrito y luego se echó para atrás?, o lo peor, ¿fue verbal? ¿Por qué no está publicado en la página de la entidad en donde se anuncia toda la contratación? ¿Por qué no está publicado en el SECOP todo el proceso de contratación con un hotel de 5 estrellas como lo ordena el decreto reglamentario 1082 de 2015?

 Ofrezco disculpas al Alcalde @QuinteroCalle y a la ciudad… El contrato fue cancelado sin costos para la ciudad”, dice la gerente o sea que contrato sí hubo, pero no se conoce el texto y ella se niega a mostrarlo a los medios.

De no tener claras las respuestas a estos interrogantes, se está ante un proceso de celebración indebida de contrato que constituye delito y falta disciplinaria gravísima.

El 11 de diciembre de 2.017, la Fiscalía General de la Nación detuvo al alcalde del municipio de El Peñol, José Cirilo Henao Jaramillo, por los presuntos delitos de peculado y contrato sin complimiento de requisitos legales, por la celebración de uno con la Corporación Ambiental Peñolense para entregar insumos agrícolas y fortalecer procesos campesinos por valor de 5 millones de pesos que debían ser entregados durante la fiesta del campesino. La Fiscalía hizo de eso un escándalo mediático y a José Cirilo le dieron la casa por cárcel.

Desde luego que no se ve proporción entre la gravedad de uno y otro hecho, pero que en El Peñol detengan al alcalde por un presunto peculado por comprar elementos para la fiesta del campesino por valor de cinco millones de pesos y en Telemedellín no pase nada, con la celebración indebida de un contrato por 200 millones, con un hotel cinco estrellas, en medio de la peor pandemia de la humanidad, si es una situación aberrante y ofensiva.

Una cosa es la prudencia del Alcalde para echarle tierra al asunto y otra muy distinta incurrir en el delito de encubrimiento. En materia de renuncias, ¡Evoquemos la memoria de Alfredo Gutiérrez Márquez!