El velo judicial cae

Por Jorge Mario Gómez Restrepo* 

Una sentencia judicial se ha convertido en un verdadero hito para el periodismo, sin embargo, sus repercusiones son para la democracia misma. El pleito judicial que se dio entre el periodista Juan Pablo Barrientos y la Corte Suprema de Justicia transciende los estrados judiciales.

¿Por qué el velo de las altas cortes es una amenaza para su justicia?

La Corte Constitucional en la SU-328 del 2025, protegió el derecho fundamental del ciudadano y del periodismo a acceder a la información pública versus el supuesto derecho a la intimidad de los magistrados.

El caso se presenta cuando el periodista le solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) las hojas de vida completas, declaraciones de renta y bienes, y registros de conflictos de interés de los 23 magistrados de la Sala Plena, documentos sencillos de enorme valor público. La Corte Suprema negó la entrega, argumentando reserva legal (privacidad), justificando su negativa bajo la premisa de que los datos requeridos ya se encontraban publicados en otros portales públicos, hasta aquí, todo parece una batalla legal habitual en nuestro país.

No obstante, la decisión de la Corte Constitucional genera un impacto relevante en el ámbito institucional y democrático, dado que esa cultura del secreto judicial que impide el acceso a ese tipo de información, con esta sentencia se vio obligada a romperse. La razón es que oponer la reserva judicial permite la vulneración de derechos y debilita la confianza en la justicia.

Los jueces no son ciudadanos comunes. Así como sus decisiones dan pie a la vigilancia de las instituciones, no pueden objetar ese acceso a la información con un falso escudo para sustraerse de sus deberes y obligaciones de ser vigilados por los ciudadanos. Los magistrados son “figuras con influencia significativa en asuntos de interés público”, están sujetos a un “mayor nivel de escrutinio” afirma la sentencia. Lo que significa que tienen deberes superiores en la democracia, al fin de cuentas son una de las tres columnas fundamentales de ella.

Al fallar la Corte Constitucional, determinó que esa información patrimonial y de posibles conflictos de interés, no representan vulneración a los derechos fundamentales de estos, pues “no puede considerarse sensible” esta información como amenaza al derecho a la intimidad.

La transparencia es fundamental en la arquitectura democrática para evitar la corrupción. Las altas cortes y jueces de nuestro país fueron decisivos para impedir que se convirtiera en un Estado fallido en los años 80 y 90; sus acciones contuvieron la violencia y frenaron el avance del narcotráfico y la corrupción. Sus decisiones ejemplares deben servir de referencia para toda la sociedad.

La información sobre bienes, ingresos, rentas y posibles conflictos de interés de los Magistrados debe ser pública, evitando zonas opacas que favorezcan relaciones indebidas en el poder. Ocultar datos permite privilegios e influye en la imparcialidad de la justicia.

Actualmente, el país enfrenta una profunda crisis de confianza que compromete la credibilidad de las instituciones, incluida la justicia, especialmente a raíz de casos como el conocido “cartel de la toga”. Por ello, resulta fundamental que el ejercicio del poder judicial se desarrolle con total transparencia. La facultad de los jueces para emitir decisiones vinculantes y establecer obligaciones u órdenes en materia de derechos sociales y colectivos exige magistrados íntegros y libres de opacidad, ese inmenso poder tiene que ser un vidrio sin oscuridad.

La justicia requiere que la ciudadanía pueda fiscalizarla y auditarla para ejercer control social. No es aceptable que solo el 30% de los magistrados de la Sala Plena de la CSJ cuente con información actualizada, ya que es un deber obligatorio.

En su enorme valor para la democracia, el periodismo representa al ciudadano cuando interviene, investiga y comunica lo que realmente sucede, ejerciendo el derecho de todos a buscar y recibir información.

La Sentencia SU-328 de 2025 es el martillo constitucional que rompe ese muro de secreto, obligando a los jueces a poner sus credenciales y sus posibles conflictos bajo la luz pública, restaurando así la confianza que es vital para para que la justicia, y no la discrecionalidad, prevalezca.

*Abogado Universidad Libre, especialista en instituciones jurídico-penales y criminología Universidad Nacional, Máster en Derechos Humanos y Democratización Universidad del Externado y Carlos III de Madrid. Especialista en litigación estratégica ante altas cortes nacionales e internacionales. Profesor Universitario.