23 abril, 2024

Primicias de la política, empresariales y de la farandula

El VAR de la Fiscalía, en el caso de Oscar Andrés Pérez, sirve a intereses oscuros y electorales @CeDemocratico @FiscaliaCol

 

Con una inusitada celeridad y diligencia en época de elecciones, la Fiscalía General de la Nación se acaba de anotar un hit al interponer y ganar una tutela para que se inhabilite al virtual alcalde de Bello en los comicios del próximo 27 de octubre, Oscar Andrés Pérez (foto).

Es casi sospechoso que se ponga tanta atención por parte de la Fiscalía General de la Nación a un caso en el cual ni la Contraloría, ni la Procuraduría han encontrado a hoy hallazgos fiscales o faltas disciplinarias y sobre todo, cuando el juicio ya está programado para los próximos días.

La Fiscalía General acordó de repente, que hubo en este proceso un mal procedimiento meses atrás y solicitó revisión (el VAR) mediante tutela y en efecto tenía razón, hubo un mal procedimiento ya que la segunda instancia revocó una medida sin que la primera instancia de hubiera pronunciado. Eso fue lo que anuló el Tribunal de Medellín.

Eso NO quiere decir que la revocatoria no esté justificada, lo que significa es que no se hizo como se debía.

Pero el daño está hecho y un experto analista jurídico se pregunta: ¿Si la Fiscalía General tiene las pruebas para que se condene al candidato, qué le costaba esperar al juicio, y que fueran los jueces quienes  acabaran con esa candidatura y no la misma Fiscalía?

Los malpensados dirán que la Fiscalía está incidiendo en las elecciones, sacando del juego al más firme candidato y claramente opositor a la administración que ha manejado como una empresa familiar al municipio de Bello durante los últimos veinte años…

Si la Fiscalía fuera así de diligente en los casos multimillonarios de corrupción nacional, o de los asesinatos de líderes sociales, se vería apenas normal que en un caso tan pequeño muestre tanta eficiencia.

Si el señor Oscar Andrés Pérez después del juicio resulta culpable, la Fiscalía habrá hecho su trabajo. Pero si no es así y resulta inocente, ¿quién va a responder y sobre todo cómo no se va a tomar este caso como un claro ejemplo en que la Fiscalía General se pone al servicio de intereses oscuros y electorales?