El regaño del Tribunal Administrativo de Antioquia al municipio y a la Procuraduría por el negociado de Aguas Vivas

@AlcaldiadeMed @PGN_COL 

No puede pasar desapercibida la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, del pasado 16 de diciembre, de improbar la conciliación lograda entre unos constructores de edificios y el Municipio de Medellín, con el beneplácito de la Procuraduría General de la Nación, sobre el predio Aguas Vivas por la no despreciable suma de $40.509.311.965. 

Esta sería la suma que recibirían los urbanizadores por una cesión gratuita que le hicieron al Municipio como compensación por obligaciones urbanísticas contraídas a raíz de normas que se encuentran en el POT, mediante la escritura N° 5.762 del 27 de diciembre de 2.019, debidamente registrada. O sea, el lote es actualmente propiedad del Municipio de Medellín. 

Lo primero que advierte la resolución del Tribunal Administrativo de Antioquia es que 

“tratándose de una cesión urbanística del suelo, esto es de la compensación que recibió la entidad territorial y, por ende, la comunidad en general del municipio de Medellín, pues en su momento fue asumida como una carga por quien desarrollaría un proyecto urbanístico, en compensación de los derechos de la colectividad y el interés general, no es admisible considerar que se trate de un asunto conciliable” (# 20). 

Para llegar a esta compensación por semejante suma, los funcionarios municipales llegaron a la conclusión de que se habían equivocado por razones de competencia y que de lo que se trataba era de evitar litigios posteriores. Vale decir que el municipio estaba alegando su propia culpa y funcionarios generosos estaban tratando de arreglar el entuerto con los dineros públicos del municipio (#28). 

Esta denuncia la hizo El Colombiano en su edición del 5 de diciembre de 2.021 y la resolución del Tribunal Administrativo del 16 del mismo mes no se conocía por razón de la vacancia judicial. 

Vea lo que publicó El Colombiano: 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/el-negociazo-que-quieren-hacer-con-aguas-vivas-CH16117476

En el numeral 48 de la citada resolución del Tribunal Administrativo de Antioquia, se advierte: 

Por último, debe advertir el Despacho que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, si bien la conciliación ha sido instituida como mecanismo alternativo de solución de conflictos, fundamentado en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, las conciliaciones deben ser revisadas a la luz de las razones legales o jurídicas, de oportunidad y no lesividad para una debida protección del patrimonio público, esto es, se debe velar porque la conciliación lograda no sea violatoria de la ley, ni resulte lesiva para los intereses patrimoniales del Estado. 

De esta decisión del organismo judicial se pueden sacar varias conclusiones: el pobre papel de la Procuraduría General de la Nación que se presta para semejante entuerto; el mal sabor que deja ante la opinión pública una administración que pretende feriar una suma de dinero tan cuantiosa con argumentos jurídicos irrelevantes, como la falta de competencia cuando inicialmente la misma dependencia municipal dijo que sí la tenía (alegar la propia culpa) y, finalmente, el silencio de los órganos de control municipales y del Concejo de Medellín. 

Y la tapa: a la misma firma que pretende que el municipio le pague los $ 40.509.311.965 por el negociado de Aguas Vivas, IDC Inversiones, le acaban de adjudicar el contrato para la reconstrucción de la biblioteca España en una dudosa licitación por $28.075 millones. 

¡¡El silencio de las IAS aturde¡¡