El neoliberalismo arrodilló al Estado

Por Guillermo Mejía Mejía

En un buen gesto del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, la Fábrica de Licores de Antioquia, FLA, ha repartido 250.000 litros de alcohol a entidades oficiales como el ejército, la policía, hospitales y centros de salud en el departamento de Antioquia y 80 mil más para enviar a otros departamentos.

En total 146 toneladas de alcohol antiséptico al 70% que es el indicado para prevenir la infección. Esto lo puede hacer el gobernador Gaviria porque la empresa FLA pertenece al Departamento. Es una entidad oficial. Si la FLA fuera privada, el gobernador no habría podido tomar esta determinación, sino que se hubiera tenido que comprar a un particular al precio que éste dijera.

Nuestro dilecto amigo, el exdiputado Norman Correa, militante del Centro Democrático, está entusiasmado proponiendo la privatización de la FLA dizque porque con la pandemia el consumo de licores se va a venir abajo.

La privatización de empresas del Estado colombiano, y de otros Estados, es una receta del Neoliberalismo, encarnado en el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y en el Consenso de Washington, un término inventado en 1.989 por un economista inglés llamado John Williamson, exempleado del Departamento del Tesoro británico, del FMI y del Banco Mundial, cuyo objeto era la aplicación de diez fórmulas que debían ser adoptadas en los países en vía de desarrollo entre las cuales estaban la liberación de la economía tanto para el comercio como para las inversiones extranjeras, la reducción del Estado a su mínima expresión y una expansión de los mercados dentro de la economía interna de cada país. La octava recomendación del Consenso de Washington es precisamente la privatización de las empresas estatales.

Uno de los hechos más lamentables de esta pandemia es la actitud del sistema financiero frente a los créditos que requieren con urgencia las pequeñas y medianas empresas para pagar las nóminas y mantener el empleo.

A pesar de que el Gobierno Nacional ha dicho en todos los tonos que el Fondo Nacional de Garantías asumirá el riesgo de los créditos hasta en un 90% y que el Banco de la República rebajó el encaje bancario en unos nueve billones de pesos, lo que en teoría le debe dar a los bancos tranquilidad y liquidez, la queja es generalizada en todo el país en el sentido de que los bancos están negando los créditos, de frente a una Superintendencia Financiera abyecta frente al sistema, pues algunos superintendentes han salido de esta entidad a ocupar puestos directivos en cualquiera de la entidades vigiladas, es decir, una puerta giratoria.

Si el sistema financiero del Estado no se hubiera privatizado, no tendría el gobierno que estar rogándole a los bancos, en manos de poderosos grupos económicos, que financian campañas presidenciales, que suelten la plata en estos momentos de guerra biológica. Desde el Consenso de Washington en 1.989, el gobierno nacional ha privatizado o liquidado entre otras las siguientes instituciones:

-En 1.996 le vendió el Banco Popular al grupo Aval. Este banco tenía sus mayores utilidades en los depósitos judiciales sobre los cuales no tenía que pagar intereses y muchos de los cuales nunca se reclamaban; en las libranzas que eran pequeños créditos a empleados, garantizados en el descuesto de nómina y en el martillo que era el mecanismo que se debía utilizar obligatoriamente para la venta de los activos no utilizables de las entidades estatales.

-En 1.996 le enajenó el Banco Ganadero al BBVA de España. El Ganadero era un banco de fomento para la ganadería de carne y leche que fue reemplazado por un banco español privado cuyo objeto es meramente especulativo.

-En el año 2.000, ordenó la liquidación del Banco Central Hipotecario (BCH). Esta entidad financió durante 62 años muchas viviendas de la clase media en pesos constantes hasta que entró el bárbaro sistema de las Upacs. Cuando el Banco ya estaba en decadencia el Gobierno se lo entregó en dación de pago al Seguro Social (ISS) por los títulos de tesorería expedidos cuando tomaba los dineros del Fondo de Pensiones como recursos de caja. En esta operación, luego de la liquidación del BCH, el ISS perdió 500 mil millones de la época que hoy deberían estar en Colpensiones.

-En el mismo año, también se decidió la liquidación de la Caja Agraria, institución que fue creada en 1.931, en el gobierno del presidente Enrique Olaya Herrera. Esta entidad llegó a ser el banco más grande de Colombia con 864 oficinas en igual número municipios y la mayor cantidad de usuarios de pequeños créditos para el campo, además del suministro de insumos, como semillas, pesticidas, abonos, elementos de labranza y motores.

La Caja Agraria llegaba donde no llegaban los bancos particulares porque su propósito era el de un banco de fomento y de servicio a los pequeños agricultores y ganaderos. Su cartera era sana porque dentro de su misión era enseñarles a los campesinos a honrar el crédito y no perderlo y además porque los intereses eran sumamente bajos en comparación con las entidades particulares.

Era, en el fondo, un subsidio a la banca privada que no se sentía obligada a abrir oficinas en pequeños pueblos que no daban ninguna rentabilidad. Los bancos privados se dedicaron a atender a las grandes y medianas ciudades donde sus oficinas no dieran pérdidas.

Unas malas decisiones de gobiernos que obligaron a la entidad a cambiar la orientación de los créditos a sectores no agrícolas o ganaderos y la apertura económica que permitió la importación masiva de alimentos subsidiados por otros gobiernos que quebraron a tantos agricultores, erosionaron su cartera a límites insostenibles y unas convenciones colectivas firmadas durante 35 años presionadas por un sindicato radicalizado, Sintracreditario, que creyó que la empresa resistía cualquier abuso y decretó un paro indefinido en 879 municipios, 417 almacenes de provisión agrícola y cinco plantas productoras de semillas, obligaron al gobierno de turno a ordenar su liquidación.

La mayoría de sus activos y oficinas pasaron al Banco Agrario que sigue prestando su servicio en los pueblos donde no llega la banca de los grandes grupos económicos pero que está muy lejos de ser la entidad grande y popular que fue la Caja.

Actúa más en los pueblos como un recurso al cual se tiene que acudir porque no hay otro, pero con unas deficiencias en tecnología que lo hacen poco atractivo para el mundo actual.

-La misma suerte le cupo al Banco Cafetero, con 50 años de fundado, cuyo propietario era el Fondo Nacional del Café, que maneja dineros del Estado por medio de un contrato con la Federación Nacional de Cafeteros, y cuya liquidación se ordenó en el 2.005.

El país nunca ha hecho el debate al manejo del Fondo Nacional del Café cuyos activos también los feriaron: la Flota Mercante Grancolombiana, Almadelco, Concasa, Terpel, Compañía Agrícola de Seguros Generales y Corporación Financiera de Occidente entre otros, a pesar de que la Contraloría General de la República de la época glosó la administración de esos activos, mientras la Federación de Cafeteros en las manos ilustres del doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez sostenía costosas embajadas de la entidad en Roma, Londres y Madrid en la calle Goya 15, cuando todavía existía el Pacto Mundial del Café que le aseguraba cuotas fijas y precios sostenibles en el mercado internacional. La terminación del Pacto en 1.989 cogió a la Federación desprevenida y sin ninguna estructura de mercadeo. Un desastre.

-En el 2.003 ordenó la liquidación del Instituto de Fomento Industrial (IFI), fundado en 1.940, que generó la creación de 150 empresas en Colombia y que al momento de su desaparición era socio de 45.

El IFI terminó fusionado con la FEN, Fonade y Findeter. Tres entidades, con tres gerentes y su respectiva burocracia, que tratan de hacer lo mismo que hacía la entidad desaparecida sin la misma eficacia.

-En el 2.005 le vendió la Corporación de Ahorro y Vivienda Corpavi al Grupo Colpatria.

– Capítulo aparte merecen la privatización del Seguro Social y la liquidación del Idema. Con la apertura económica, Colombia, con tierras suficientes, se volvió un importador de más del 30% de los alimentos que se consumen en el país, especialmente de maíz, trigo y torta de soya.

La pandemia nos debe hacer repensar el modelo de Estado neoliberal que tenemos, arrodillado frente al sector financiero privado, y regresar al modelo Keynesiano, anterior, que promovió en América Latina la Cepal.

Necesitamos un Estado interventor fuerte que nos libere de los caimanes nacionales y multinacionales.

En estos momentos, gracias a la liberación de importaciones y a los tratados de libre comercio, estamos comiendo arepa, pan, huevos, carne de cerdo, de pollo, leche, frutas, entre otros alimentos de la dieta diaria, con productos importados en su gran mayoría de EE. UU., con dólar a más de cuatro mil pesos. ¡Qué horror!