El país está viendo enmudecido la seguidilla de denuncias sobre el comportamiento del Ejército y la Policía, donde se arropan desde suboficiales hasta generales. Como hace muchos años el país se acostumbró a tener una mala imagen ética de los policías esa pantalla minimizó las pocas denuncias que se dieran contra el Ejército. Pero como en el caso de esa fuerza armada las denuncias se comenzaron a dar en “Semana” a partir de los cuestionamientos sobre los nuevos falsos positivos, no ordenados verbalmente sino estúpidamente en un formulario. Y como en la escala de responsabilidades en ese exabrupto vuelven a escaparse milagrosamente el presidente y el ministro de Defensa, igual a como sucedió en la primera tanda de falsos positivos y de los muchachos sacrificados en honor al rendimiento en la batalla, he tratado de armar el crucigrama.
No es fácil. Los rumores sobre la guerra interna que se libra desde afuera por parte del retirado general Mejía, comandante durante el gobierno Santos, para proteger a los suyos y a sus actuaciones, nos repiten la historia del general Naranjo que no perdió el mando en la Policía ni cuando fue jubilado. Pero como además el alboroto se levanta luego de que fueron aprobados los ascensos en el Congreso y entonces no se dijo nada, entender el asunto se complica.
Si a eso se le agrega que al tiempo se hicieron por Caracol Radio las denuncias sobre los cobros hechos dentro de la Policía para poder ascender y se corroboró al aire por parte del oficial informante cómo funciona ese engranaje. Y una semana después la misma revista desnuda la estructura de manipuleo de las interceptaciones por parte de la Fiscalía y todo, nuevamente aparece como hecho y ordenado por subalternos no por las cabezas de esas instituciones, uno siente que los uniformados en Colombia en vez de sembrarnos tranquilidad están haciendo exactamente lo contrario.
FRACASANDO
Da pena ajena este gobierno. No le pega a una. Y lo que es peor, su desidia es tan contagiosa que terminó infectando al Congreso de la República. El haber tenido que objetar el pasado martes, día de la Virgen del Carmen, la ley 169 del 2018 llamada de “Depuración Normativa”, y de la cual se enorgullecía el gobierno por haberla presentado y haber conseguido que Senado y Cámara la salvaran del fracaso que resultaron siendo casi todos los proyectos del ejecutivo, es la mejor demostración de la inhabilidad y la improvisación que nos conducen desde la Casa de Nariño y el Capitolio Nacional.
No hubo en este gobierno de incapaces ni un ministro ni un secretario jurídico ni un abogado que se hubiese leído bien el proyecto de ley en mención y comparara en simple doble columna lo que derogaba y lo que quedaba en pie. Y entre el montón de parlamentarios afanados no hubo uno solo que leyera lo que estaban aprobando y las consecuencias que se vendrían sobre la institucionalidad del país. Si en la Casa de Nariño, en los ministerios o en el Senado y la Cámara hubiesen leído bien lo que aprobaban a pupitrazo, no habrían de un plumazo enterrado la ley 600 que permite que la lentísima Corte Suprema siguiera estudiando los 848 casos penales anteriores al 2005. Y, mucho menos, que desaparecieran el Dane y la Supersociedades porque anularon los decretos que las crearon.
Pero tal vez no es solamente que no hayan leído. Es que la falta de sentido de gobierno y la absoluta desidia que cobija al presidente y casi todos sus ministros, se le pegó al Congreso en pleno y por el afán de aparecer poniendo orden sin saber que se bota, terminaron votando una ley que el mismo presidente y su ministra del Interior les presentaron, pero que ahora tienen que objetar para evidenciarle a Colombia que otra vez fracasaron gobernándonos.
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