Por Cristin Halaby
En Colombia, las empresas públicas han jugado un papel crucial en el desarrollo económico y social del país. Sin embargo, en los últimos años, hemos visto cómo decisiones políticas han desviado a estas empresas de su misión original, afectando su eficiencia y, en última instancia, perjudicando a la sociedad. Este fenómeno, que podríamos llamar “El Estado Empresaurio”, se observa claramente en los casos de Ecopetrol y EPM.
Ecopetrol, la empresa estatal más grande de Colombia, ha sido un pilar en el sector energético del país. Su misión ha sido siempre la exploración, producción, transporte, refinación y comercialización de hidrocarburos. A pesar de lo anterior, hemos visto cómo últimamente decisiones políticas han afectado su desempeño y enfoque. Por ejemplo, la estrategia de transición energética y la suspensión de contratos de exploración de hidrocarburos han generado incertidumbre y una caída significativa en el valor de sus beneficios y acciones. Asimismo, en los últimos días se presentó a Ecopetrol una gran oportunidad de invertir en un campo conjunto con Oxidental Petroleum, algo que fue aprobado por la junta directiva y luego desechado por el Gobierno. Aunque la transición hacia energías limpias es necesaria, las decisiones deben ser tomadas con un enfoque técnico y empresarial, no político. Es así como Ecopetrol ha perdido capitalización bursátil y capacidad de gestión.
Empresas Públicas de Medellín (EPM) ha sido un ejemplo de eficiencia en la prestación de servicios públicos, generándole desarrollo a Colombia, Medellín y Antioquia. Históricamente ha sido vista como una empresa pública de altísima gestión que a su vez se ha convertido en multinacional entregando a la ciudad de Medellín altos beneficios económicos para desarrollar su infraestructura y programas sociales entre otras cosas. Esto funciona supremamente bien mientras la eficiencia y la productividad sean el foco de la administración: y es importante también para la sociedad que el costo de los negocios regulados no sea superior al valor generado a partir de los precios que pagan los consumidores. EPM ha sufrido en los últimos años de un ataque sistemático a su buena cultura de gobierno corporativo cuando políticos como Daniel Quintero Calle han apropiado su actuar para fines políticos a lo que la sociedad de Medellín ha reaccionado con verdadero sentido de propiedad. Sin embargo, la reciente decisión de vender su participación en Tigo UNE ha generado controversia; algunas personas están de acuerdo y otras no; pero lo que preocupa es que no se ha presentado un verdadero caso de negocio desarrollado por expertos dentro de la organización que demuestren la conveniencia de vender o no vender. El segundo tema controversial es que los fondos obtenidos de esta venta se destinarán a proyectos que no están alineados con la misión original de EPM. Según se menciona, dichos recursos que irían a EPM serían invertidos en fondos de emprendimiento, becas y una estación de transferencia de basuras, algo que quedara obsoleto cuando Colombia presente un buen plan de separación en la fuente en los hogares. La pregunta entonces es si estos recursos darán más redito al accionista EPM estando invertidos en Tigo, invertidos en programas no misionales o si deberían pasar a engrosar el capital de la empresa. Esta decisión, podría desviar recursos que deberían ser reinvertidos en la empresa para mejorar la calidad de los servicios públicos e inversiones en aquellos negocios productivos de EPM para que en el futuro crezcan aún más las utilidades y las transferencias a la cuidad sean mayores por concepto de dividendo. En 2023, EPM reportó ingresos consolidados de 37,53 billones de COP.
Las decisiones políticas pueden ser costosas para la sociedad cuando no están alineadas con los objetivos económicos y empresariales. En el caso de Ecopetrol, la incertidumbre generada por las decisiones políticas ha afectado su valor en el mercado y su capacidad para atraer inversiones. En el caso de EPM, la venta de Tigo UNE podría debilitar la capacidad de la empresa para cumplir con su misión de prestar servicios públicos de calidad.
Además, la deuda de estas empresas es un aspecto preocupante. Según un informe de la Contraloría General de la República, Ecopetrol y EPM son las entidades descentralizadas con mayores niveles de deuda en Colombia. Esta situación podría limitar su capacidad de inversión y crecimiento a largo plazo, afectando su sostenibilidad y eficiencia.
El Estado, como accionista de estas empresas públicas, debe comportarse como un inversionista profesional. Esto significa que debe contar con los réditos y dividendos generados por estas empresas, y no utilizarlas como caja menor para financiar proyectos políticos o como plataformas de proselitismo. Las decisiones deben ir en línea con el desarrollo del negocio y no ser influenciadas por intereses políticos a corto plazo.
En otros países, hemos visto cómo la intervención política en empresas públicas puede llevar al fracaso. Por ejemplo, en Venezuela, la estatal PDVSA ha sufrido una caída dramática en su producción debido a la interferencia política. En contraste, empresas públicas en países como Noruega han sido exitosas gracias a una gestión técnica y autónoma. Equinor, la empresa estatal noruega de energía ha logrado equilibrar la participación estatal con una gestión empresarial eficiente, generando ingresos significativos y contribuyendo al bienestar del país.
Es crucial mantener un equilibrio entre la participación estatal y la autonomía empresarial para el bienestar de la sociedad. Las decisiones deben ser tomadas con un enfoque técnico y empresarial, no político. Solo así podremos asegurar que nuestras empresas públicas sigan siendo eficientes y cumplan con su misión de servir a la sociedad.
Asimismo, es de entender que las empresas del estado puedan ser vendidas cuando el caso de negocio así lo amerite y siempre y cuando esta enajenación permita un salto adelante en los servicios y beneficios de la sociedad. Hace unos años el presidente Juan Manuel Santos decidió vender ISAGEN al fondo de negocios Brookfield Asset Management por 6.48 billones de pesos con el pretext de hacer las vías 4G de Colombia, siguiendo su ejemplo EPM vendió su participación en la misma empresa por 1.28 billones (https://www.sinpro.org.co/noticias-1/807-que-paso-con-el-dinero-deventa-de-isagen.html) dando razones entre otras el traslado de 600,000 millones para el metro de la 80. En ningún caso la nación o EPM pretendieron utilizar estos fondos de activos productivos en otros activos productivos. Hoy ni las 4G ni el Metro de la 80 se han terminado sin embargo los recursos se han invertido en otras cosas volviéndose plata de bolsillo. Mientras todo esto pasa ISAGEN es una empresa aún más rentable generando réditos a inversionistas visionarios extranjeros.
Recomendaciones:
1. Implementar políticas que minimicen la interferencia política en las empresas públicas.
2. Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de estas empresas.
3. Establecer mecanismos de control y supervisión independientes que garanticen que las decisiones empresariales se tomen con base en criterios técnicos y económicos.
4. Promover la profesionalización de la gestión en las empresas públicas, asegurando que los directivos sean seleccionados por su experiencia y capacidad, y no por sus conexiones políticas.
En conclusión, el “Estado Empresaurio” es un fenómeno que puede tener consecuencias negativas para la eficiencia y sostenibilidad de las empresas públicas en Colombia. Es fundamental que se tomen medidas para garantizar que estas empresas puedan operar de manera autónoma y eficiente, en beneficio de toda la sociedad.
Nota: Colombia debe alertarse con la posible llegada de Jorge Carrillo a la presidencia de ISA, el hombre que casi destruye EPM ficha de Daniel Quintero es hoy el llamado a desestabilizar la transmisión de energía en el país.
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