El espejo del narcoestado: cuando Europa aprende demasiado tarde

Por Jorge Mario Gómez Restrepo* 

Por irreal que parezca, esa fue la advertencia que un juez de instrucción criminal de Amberes (Bélgica) dirigió, el 27 de octubre en carta abierta a la Comisión de Justicia del Parlamento Federal belga. En el documento, alerta sobre la existencia de un “gobierno paralelo” conformado por estructuras mafiosas que amenazan y corrompen al poder judicial y a la policía. La carta completa puede consultarse aquí: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/nieuwsartikel-lokaal/open-brief-van-een-onderzoeksrechter-voor-de-commissie-justitie

Lo que en América Latina es paisaje conocido, hoy golpea al corazón institucional europeo: redes que corrompen policía, justicia y política local. No es un problema de “países productores” versus “consumidores”; es un desafío transversal a la seguridad y la democracia.  

No es un episodio aislado ni una exageración retórica. Los puertos de Amberes (Bélgica), Rotterdam (Países Bajos) son el centro logístico de Europa, de ahí su importancia para que el crimen organizado elija estos como puerta de entrada de los cargamentos del narcotráfico, sus infraestructuras sofisticadas no están exentas de porosidad, la grieta por donde se cuela el narcotráfico.

Durante años, la Costa del Sol fue el lugar preferido para el ingreso a gran escala de droga, ciudades como Algeciras, Valencia, Barcelona, Marbella (España); también Marsella (Francia). En la actualidad la geografía cambió. El norte de Europa -por el gran tamaño de sus puertos y la corrupción en el control de ingreso de miles de toneladas de productos- se convirtió en uno de los centros de acopio de este mercado ilegal. El efecto se siente incluso en la desarrollada Suecia en donde la disputa entre pandillas por la distribución de la cocaína deja una violencia inédita en los últimos años.  

Este reclamo y advertencia en un país latinoamericano, sería un lamento más en la cronología del narcotráfico. Que ocurran en países del norte de Europa, con alta economía y educación, resulta sorprendente.

El término “narcoestado” tan de moda en los últimos tiempos, donde la economía ilegal, la corrupción y la violencia sistemática imperan, parece una descripción irreal para la Europa de Norte, pero la denuncia del juez advierte que los tentáculos criminales están permeando la estructura política y social de estos países.

Bélgica, con Bruselas como capital, alberga la Unión Europea y la sede de la OTAN, representando un centro clave de estabilidad política en Europa occidental. Si en ese entorno emerge un ecosistema criminal con capacidad real de desestabilización institucional, el aviso no es local: es sistémico. Estado de Derecho tiene una nueva amenaza, que debe llamar poderosamente la atención en el escenario mundial.

La captura del Estado por organizaciones criminales en el ombligo de Europa rompe la narrativa o el paradigma que siempre ha imperado, donde un “narcoestado” solo es un fenómeno exclusivo de países productores que pertenecen al Sur Global.  La amenaza es latente para los países de destino, aquellos mercados de consumo son igual de vulnerables a la corrupción sistemática, y al fermento de la violencia que genera el narcotráfico.   

Paradójicamente varios de estos países han cuestionado el prohibicionismo y promovido enfoques de salud pública para impulsar estrategias de despenalización de la droga, pero el escenario cambió y en todo esto el consumo debe ser nuevamente el centro de la discusión, ya no es una abstracción higienizada que ocurre “al otro lado del Atlántico”. El mercado crea poder, y el poder captura instituciones. Ese es el núcleo del problema.

El Estado de Derecho se enfrenta a una amenaza nueva, una infiltración silenciosa que compra lealtades, deforma controles y desordena políticas. El llamado de auxilio del juez está describiendo una grieta en el dique institucional.

Este debate le importa a Colombia. Por décadas cargamos el estigma del origen. Hoy, cuando los destinos muestran los mismos síntomas —porosidad, corrupción, violencia—, queda claro que el narcotráfico no es un problema de “países fallidos”, sino un mercado que desinstitucionaliza donde encuentra debilidades. La seguridad jurídica y la integridad de la justicia son las primeras víctimas.

La llamada “guerra contra las drogas” debe superar la retórica, la amenaza y el lenguaje ligero. A lo largo de su historia, ha recurrido una y otra vez a las mismas fórmulas fallidas del pasado: la intervención militar, la suspensión de garantías y la restricción de derechos. En ese caldo de cultivo, las políticas populistas encuentran un escenario ideal. El mayor riesgo, entonces, es intentar salvar el Estado de Derecho del “narcoestado” apelando, paradójicamente, a un Estado de Policía.

En América Latina, la justicia ha terminado, en muchos casos, asumiendo funciones que deberían corresponder al poder ejecutivo o legislativo, creando de facto políticas públicas que estos no han sabido resolver. Esa distorsión institucional ha tenido un costo trágico: miles de fiscales y jueces asesinados por enfrentarse al crimen organizado. Europa no puede permitirse ese espejo. Si el poder judicial cae bajo la presión de la violencia o la politización, lo que se pierde no es solo la independencia de los jueces, sino el alma misma del Estado de Derecho. (Opinión).

*Abogado Universidad Libre. Especialista en instituciones jurídico penales y criminología Universidad Nacional, Máster en derechos humanos y democratización Universidad del Externado y Carlos III de Madrid. Litigación estratégica ante altas cortes nacionales e internacionales. Profesor Universitario.