El crimen que el mundo todavía no se atreve a regular

Por Jorge Mario Gómez Restrepo

Esta semana, en los pasillos de Naciones Unidas, comenzó una discusión que parece burocrática pero que esconde uno de los debates más explosivos de la política internacional, la creación de un tratado global para castigar los Crímenes de Lesa Humanidad.

Si esto sale adelante, sería el cambio más importante en las reglas de juego globales desde hace casi tres décadas. Sin embargo, surge una pregunta: ¿Cómo es posible que, en pleno siglo XXI, tengamos tratados claros contra el genocidio, contra la tortura y reglas para la guerra, entre muchos más instrumentos internacionales, pero no exista un tratado mundial específico para los crímenes de lesa humanidad?

Este vacío no es un olvido de los abogados, ni a los Estados. Responde, en buena medida, a resistencias políticas vinculadas a soberanía, inmunidades y jurisdicción universal.

Los crímenes de lesa humanidad no son “daños colaterales” de una batalla o una guerra. Son algo mucho más común y aterrador, ocurren cuando un gobierno, una fuerza insurgente, paraestatal u organizaciones criminales, utilizan todo su poder para atacar sistemáticamente a su propia gente.

No hace falta estar en guerra para cometerlos. Solo hace falta un gobierno autoritario o una organización criminal que decida aplastar a un sector de la población. Hablamos de desapariciones, secuestros, encarcelamientos masivos, persecución política y violencia sexual organizada, entre otros crímenes.

Los ejemplos los vemos todos los días en las noticias. En Irán, diversos informes internacionales han descrito la represión contra mujeres y manifestantes como un patrón sistemático que supera los incidentes aislados.

En Latinoamérica Venezuela o Nicaragua son una muestra de ello. El uso del aparato judicial y policial para perseguir opositores encaja en esta lógica. En Colombia, organizaciones como el Clan del Golfo en Colombia o Los Carteles en México, al tener capacidad de mando, control territorial y ejecutar ataques sistemáticos contra la población civil, podrían -bajo determinados supuestos jurídicos- encajar en esta categoría, al no ser delincuencia común, sino estructuras que actúan cometiendo delitos a gran escala y de lesa humanidad.

En Rusia, la deportación de niños ucranianos ha sido calificada por la Corte Penal Internacional como un presunto crimen internacional, lo que evidencia la dimensión estructural del fenómeno.

¿Por qué no basta con la Corte de Corte Penal Internacional? Muchos pensarán que para eso ya existe este tribunal de justicia, la respuesta corta es: sí, pero no alcanza. La Corte de La Haya actúa como última instancia, cuando los estados no investigan o no existe un aparato judicial legítimo que juzgue. Su activación suele ser lenta y limitada a los países que han aceptado su autoridad, excluyendo a potencias como Estados Unidos, Rusia o China.

Lo que se está discutiendo ahora en la ONU es algo distinto y mucho más potente. Se trata de una convención que obligaría a todos los países a actuar.

Si se aprueba este tratado, ya no tendríamos que esperar a que un tribunal en Europa actúe. La obligación caería sobre los propios Estados, y sus repercusiones serían reales:

1. No habría refugio: Si un torturador o un dictador huye a otro país, ese país tendría la obligación legal de juzgarlo o extraditarlo. Se acabarían los “paraísos” para criminales de Estado.

2. Leyes internas: Los países tendrían que cambiar sus códigos penales para que estos delitos se castiguen severamente en casa, sin excusas.

Aquí es donde la discusión técnica se vuelve pura política dura. Los grandes obstáculos para este tratado son las inmunidades.

A los líderes mundiales les aterra la idea de que un juez extranjero pueda investigarlos. Las grandes potencias temen que este tratado abra la puerta para que sus expresidentes, generales o altos funcionarios sean detenidos en el extranjero por decisiones tomadas por la justificación de “seguridad nacional».

Regular el genocidio fue «fácil» en términos políticos, porque ningún gobierno quiere salir en la foto defendiendo el exterminio de una raza. Pero regular los crímenes de lesa humanidad es mucho más difícil, porque toca la fibra sensible del poder, implica reconocer que el Estado, bajo la excusa de «mantener el orden», puede convertirse en una maquinaria criminal.

La discusión que se abrió en la ONU no es para expertos en derecho. Es una pregunta sobre los límites del poder: ¿Hasta dónde puede llegar un gobierno o una organización criminal contra sus ciudadanos antes de que la comunidad internacional tenga la obligación de intervenir, no con discursos, sino con jueces y detenciones?

La resistencia a este tratado desnuda una realidad política en la práctica, y es que muchos Estados prefieren dejar una puerta abierta a la represión antes que atarse las manos con leyes internacionales.

La discusión ya no es académica. La ausencia de una convención deja grietas que el poder aprovecha. La verdadera duda no es si la necesitamos, sino si los gobiernos del mundo están dispuestos a aceptar que nadie, ni siquiera un Jefe de Estado, está por encima de la humanidad. (Opinión).

* Abogado Universidad Libre, especialista en instituciones jurídico-penales y criminología Universidad Nacional, Máster en Derechos Humanos y Democratización Universidad del Externado y Carlos III de Madrid, Diplomado en Inteligencia Artificial. Especialista en litigación estratégica ante altas cortes nacionales e internacionales. Profesor Universitario.