Se acaban de cumplir veintidós años del disparate jurídico de la Corte Constitucional que lanzó por la borda impunemente la ley 51 de 1975, “porque el periodismo (léase bien) es un oficio, no una profesión”.
Principales responsables de este despropósito, que causó gran revuelo en el país el 18 de marzo de 1998, fueron los magistrados Carlos Gaviria Díaz, el ponente de la jurisprudencia, y Vladimiro Naranjo Mesa, el presidente del alto tribunal.
Integraron la cuarteta de demandantes los abogados Óscar Muñoz Neira, Alirio Galvis Padilla, Arciniegas Triana y José Gabriel Santa Cruz.
A lo largo del proceso emitieron conceptos favorables a la constitucionalidad de lo demandado, es decir, “el periodismo es una profesión”, las siguientes instituciones: el ministerio de Comunicaciones, el ministerio de Justicia, el ministerio de Educación, la Procuraduría General de la Nación, la facultad de comunicación social de la Universidad Javeriana, la facultad de comunicación social de la Universidad de la Sabana y el CPB (Círculo de Periodistas de Bogotá). (Lea la columna).
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