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Imprecisiones y contradicciones en sus mismos comunicados, y desaciertos jurídicos reconocidos hasta por el Consejo Nacional Electoral, tienen al Centro Democrático en el ojo de huracán.
La última decisión que tomó de suspender a los concejales Lina García, Nataly Vélez, Paulina Aguinaga y Albert Corredor durante 19 meses, en una confusa y contradictoria resolución, motivó que los cuatro corporados elevaran una tutela en busca de protección de los derechos que consideran vulnerados.
La noticia es que la jueza del Juzgado Once Civil Municipal de Oralidad de Medellín ordenó darle un tiempo perentorio de máximo dos días al partido Centro Democrático para que se pronuncie sobre las bases jurídicas que motivaron la sanción de 19 meses que les impuso a los cuatro concejales de esa colectividad.
Según el Comité de Etica se impuso la sanción con base en el artículo 127 de los estatutos del CD (logo), que contempla la prohibición para desempeñar cargos en los órganos del partido o en representación de éste, por el período mencionado a partir de hoy.
Los concejales sancionados hasta ahora no podrán votar en las sesiones del Concejo de Medellín.
El panorama del Centro Democrático en el Concejo de Medellín está más que enrarecido, porque ya se han presentado las renuncias de dos de los sancionados, Albert Corredor y María Paulina Aguinaga, además del otro corporado Simón Molina.
(Lo dice la juez)
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