“El centralismo puede silenciar la democracia regional”

Por Eugenio Prieto 

Enviado desde Hablo con respeto al disenso, a las diferentes formas de pensar, pero también con la convicción en la defensa de los derechos fundamentales a la participación democrática de los ciudadanos en las consultas populares, sobre todo, para la asociatividad y la integración territorial.

No entiendo —y muchos en Antioquia tampoco lo entienden— por qué el Gobierno Nacional, como es su responsabilidad, ha girado oportunamente los recursos para la realización de varias consultas populares para la creación de áreas metropolitanas en distintas regiones del país y para la consulta popular de los partidos políticos (Pacto Histórico); pero, para Antioquia, no giró un solo peso para la consulta popular del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, que, como lo estableció la Registraduría, cumplió con rigor constitucional y legal los requisitos para convocarla y busca, con esperanza, integrar el Valle de San Nicolás y el Oriente antioqueño.

Durante este gobierno del presidente Gustavo Petro se realizaron, con recursos públicos girados por el Ministerio de Hacienda, las siguientes consultas populares:

1) 26 de noviembre de 2023: consulta popular para la creación del Área Metropolitana Centro Sur del departamento de Caldas, en el Eje Cafetero.

2) 24 de junio de 2024: consulta popular para la creación del Área Metropolitana del Suroccidente de Colombia, en el Valle del Cauca.

3) 24 de noviembre de 2024: consulta popular para la creación del Área Metropolitana del Piedemonte Amazónico, en el Caquetá.

4) 26 de octubre de 2025: consulta popular de los partidos políticos – Pacto Histórico.

Entonces, las preguntas son inevitables y justas:

¿Por qué no se realizó la consulta popular convocada para este 9 de noviembre de 2025 para la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás?

No podemos comprender por qué no se le giraron los recursos ¿Cuáles fueron las razones?

¿Por qué Antioquia —que cumple los requisitos constitucionales y legales, que respeta los procedimientos, que promueve la participación ciudadana— no recibió el mismo trato?

Es una omisión que cercena el derecho fundamental consagrado en el artículo 40 de la Constitución: el derecho a la participación política.

El Valle de San Nicolás, en el Oriente de Antioquia, no pedía privilegios, pedía equidad. No reclamaba favores, exigía coherencia. Porque la integración territorial y la participación política son principio y derecho fundamental, y el Estado debe ser garante de que se puedan ejercer y respaldar la participación ciudadana y la planeación regional en todas las zonas del país, sin exclusiones, ni vulneración del derecho fundamental, menos por parte del propio Estado.

Nada puede justificar que se garanticen en unos territorios los derechos fundamentales y en otros, se les niegue la oportunidad de decidir en las urnas su destino compartido.

Yo creo —y lo reitero— en un país que trata a sus regiones con igualdad, con equidad, que promueve la autonomía sin sesgos políticos ni cálculos partidistas. Porque cuando se frena una consulta legítima: se apaga la democracia, el voto y el poder ciudadano de decidir.

Antioquia merece respeto.

Y el Valle de San Nicolás, merece ser escuchado y acatado en las urnas, en sus decisiones populares.

Suspender la consulta popular por falta de recursos, es la expresión de una interferencia centralista que hiere la dignidad de los territorios y la desidia del Gobierno Nacional, el bloqueo de un mecanismo legítimo de gobernanza que no solo frena el desarrollo regional y local, sino que vulnera la autonomía territorial. Lo ocurrido, no es un hecho aislado, es una alerta nacional sobre cómo el centralismo puede silenciar la democracia regional y local. 

Hacemos un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que investigue responsabilidades disciplinarias: ¿Qué funcionarios y cuáles fueron las razones de la omisión que impidió que la ciudadanía en el Valle de San Nicolás, decidiera en las urnas, su presente y su futuro?